Los socialistas atacan los recortes de unas cuentas que no rechazarán

Diputados socialistas reiteraron ayer ante la comisión de Hacienda de las Cortes que no se opondrán a los presupuestos de la Generalitat "por responsabilidad", pero reivindicaron su derecho a la crítica, sobre todo, ante la caída de la inversión pública cuando resulta más necesaria para compensar la caída de gasto desde la iniciativa privada.

Mario Flores, consejero de Infraestructuras y, sobre el papel, responsable del departamento inversor por excelencia, se llevó ayer la peor. Su intervención fue agónica. Flores presentó unas cuentas en las que la inversión absoluta de la consejería y de las dos empresas públicas que tiene adscritas, el Ente Gestor de Puertos y Transporte y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, caen 188 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

Flores explicó que existen métodos de financiación de pago aplazado y fórmulas de concesión para dilatar los desembolsos y aseguró: "No renunciamos a nada". Pero también tuvo que explicar que el gasto corriente de su departamento se dispara para pagar el canon a la empresa concesionaria de la CV-35, financiada a través de la fórmula de peaje en la sombra.

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, advirtió a Flores sobre los riesgos de los pagos aplazados. Pero el socialista José Antonio Godoy fue más explícito: "No es pan para hoy y hambre para mañana, es que el hambre ya se está comiendo el pan de hoy".

Flores se refugió en un victimismo exacerbado ante la imposibilidad de explicar la caída de inversiones. El consejero, alentado por el portavoz del PP, Rafael Maluenda, dedicó prácticamente toda una intervención a un repaso interesado de los presupuestos generales del Estado.

José Ramón García Antón, consejero de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Territorio, tuvo que soportar críticas parecidas de parte de Francesc Signes, portavoz socialista, pero salvó la cara con más oficio y menos menciones al Estado. Signes incidió en "la hipocresía política" que supone reclamar trasvases de agua cuando la Generalitat apenas ha culminado siete de las 85 intervenciones previstas en los planes de saneamiento de aguas residuales y de prevención de inundaciones.

García Antón esgrimió el volumen de gasto que acometerá a través de Emarsa y Vaersa, las dos empresas que gestionan las aguas residuales y los residuos, que cifró en conjunto en 1.200 millones de euros, 200 más que el año pasado.