La avalancha de peticiones duplica el gasto en la ley de Dependencia

Las estimaciones han fallado en la ley de Dependencia. Y el dinero que tenía previsto invertir la Junta de Andalucía para la aplicación de esta norma también se ha quedado corto. En los Presupuestos autonómicos para 2008 se habían reservado 270 millones de euros. Pero esta cifra inicial se habrá duplicado cuando se cierre el año, según Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social. Navarro pide ahora más implicación económica al Gobierno central para poder prestar las ayudas a las personas dependientes.

Esta ley estatal entró en vigor el 1 de enero de 2007. Comenzó a aplicarse el 23 de abril de ese año en Andalucía. Y se produjo una verdadera avalancha de solicitudes. El pasado 22 de octubre de 2008 se habían recibido ya 201.499 peticiones en la Consejería para la Igualdad, de las que el 85% (171.247 personas) han sido examinadas. De estas últimas, 113.989 tienen derecho a percibir en este momento algún tipo de prestación y 80.524 personas están recibiendo ya la ayuda económica en Andalucía.

Cuando se aprobó la ley se preparó una memoria económica y un libro blanco con la inversión necesaria y las personas que serían potenciales beneficiarias de las ayudas. "La estimación que se hacía en Andalucía para el grupo de grandes dependientes estaba entre 35.000 y 40.000 personas", señala Navarro. Pero la Junta de Andalucía ya tiene identificados dentro de este mismo grupo a 96.632 hombres y mujeres con derecho a percibir ayudas. "La estimación de personas grandes dependientes se ha demostrado después que se ha quedado muy corta", asegura la consejera.

"La memoria económica también se ha quedado corta porque estaba en función de una estimación que se ha sobrepasado. Para el año 2009 se fijaba un gasto del Gobierno central de 900 millones de euros. Pero el presupuesto que se va a recoger finalmente en los Presupuestos del Estado para 2009 es de 1.158 millones", añade Navarro.

"El Estado tiene que aumentar la financiación", señala la responsable de Igualdad. El coste de la ley de Dependencia es compartido entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Las comunidades tienen que aportar, como mínimo, el 50% de los que aporte el Estado. Pero no hay máximos, cada gobierno autonómico puede fijar su inversión. Según los datos provisionales de la consejería, el 65% del gasto en la aplicación de esta norma en Andalucía ha sido aportado por la Junta en este año 2008.

Cataluña ha llegado a amenazar con congelar la aplicación de la ley si el Gobierno no aporta más dinero. Navarro rechaza esta posibilidad: "Ninguna comunidad puede paralizar su aplicación de manera unilateral. Es una ley estatal y no se podría hacer salvo que el Gobierno y las comunidades en el consejo territorial lo decidan. Y actualmente no se está planteando una moratoria".

La aplicación de ley de Dependencia se planteó desde un principio de forma gradual. Primero se empezaron a reconocer las ayudas a las personas pertenecientes al grupo de grandes dependientes, en su nivel uno y dos. Actualmente también reciben prestaciones parte de los dependientes severos. Está previsto que en 2015 estén completados todos los grupos y subgrupos.

La ley de Dependencia está inmersa en un proceso de revisión. El Congreso aprobó hace unas semanas la creación de un grupo de expertos para analizar el funcionamiento de la norma y su financiación.

La Junta ha anunciado esta semana que 530 millones de sus presupuestos irán a parar a la ley de Dependencia, lo que supone que el 30% de la inversión en la Consejería de Igualdad se destinará a las ayudas a los dependientes. Según las previsiones de los responsables autonómicos, en 2009 se habrán presentado unas 225.000 solicitudes y 130.000 personas recibirán algún tipo de prestación.