Las funciones de los jueces de instrucción

El ministro de Justicia, en entrevista concedida a su diario, realiza las siguientes afirmaciones, referidas al juez de instrucción: "Es el que persigue a la gente, realiza una labor policial. Ni siquiera actúa en garantía de derechos". Esto no es verdad y Mariano Fernández Bermejo seguramente lo sabe.

Los jueces de instrucción -yo lo soy desde hace 18 años- no perseguimos a "la gente", investigamos denuncias y hechos con apariencia de delito, garantizamos el ejercicio efectivo del derecho de defensa de los investigados y acordamos medidas para proteger a las víctimas de los delitos. No realizamos una "labor policial" porque eso lo hace la policía, nosotros podemos y debemos dar órdenes a la policía en el marco de una investigación criminal, amparamos y vigilamos su trabajo en tutela de los derechos de los ciudadanos. En España, no se puede intervenir ni escuchar ningún teléfono sin autorización de un juez de instrucción.

Tampoco entrar en ningún domicilio en contra de la voluntad de sus moradores.

La policía está obligada a pedir y a justificar estas medidas tan invasivas ante un juez de instrucción, quien puede denegarlas si no las estima proporcionadas. Los jueces de instrucción de guardia deciden cada día sobre la libertad o prisión de un gran número de personas.

¿A qué se refiere, entonces, el ministro cuando afirma que no actuamos en garantía de derechos? ¿Qué otros derechos puede haber más importantes que la libertad, la intimidad, la tranquilidad e inviolabilidad del hogar? Aunque resulte obvio decirlo, los jueces de instrucción somos jueces y por tanto independientes.

Es la gran diferencia que mantenemos con nuestros colegas los fiscales, a quienes el ministro quiere atribuir gran parte de nuestras funciones. Ellos están sujetos al principio de jerarquía, lo cual significa que pueden recibir y reciben instrucciones -órdenes generales de actuación y también particulares en un caso concreto- de sus superiores, y su máximo superior en la jerarquía es designado por el Gobierno. Los ciudadanos deben estar informados y el juego debe ser limpio.