Los errores en Sanidad le cuestan cada vez más a la Generalitat

Las indemnizaciones para cubrir los errores cometidos en la sanidad pública empiezan a ser una constante, como reflejan los continuados requerimientos que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) efectúa a la Generalitat para que pague a pacientes que han tenido problemas con el Servicio Valenciano de Salud.

Ayer se volvieron a conocer dos requisitorias del CJC en las que este organismo reclamaba el pago de 47.000 euros por sendos errores. En uno de ellos, la Generalitat tendría que pagar 35.000 euros a la madre de un niño de seis años que padece sordera nerviosa, con una minusvalía del 33% y con dificultades de aprendizaje, surgida tras la administración de la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis).

El problema surgió el 28 de noviembre de 2002 cuando, tras ser vacunado, el niño desarrolló una hipoacusia bilateral, una sordera nerviosa. El CJC estimó la reclamación formulada por la madre y declaró la responsabilidad patrimonial de la Generalitat, al considerar que la Administración debe asumir la reparación de daños en tanto que el beneficiario de la vacuna no es una sola persona, sino la colectividad.

El CJC también ha emitido un dictamen en otro caso, reclamando a la Generalitat que abone 12.000 euros, en concepto de daños morales, a la hija de un hombre que falleció tras contraer legionela en un hospital público.

En julio de 2002, un paciente fue ingresado en la planta de neumología de este centro sanitario para la realización de unas pruebas rutinarias relacionadas con una enfermedad respiratoria crónica que sufría. En la habitación en la que se le instaló se encontraba internado un enfermo de legionela.

Tres días después de su ingreso en el centro, el enfermo crónico regresó al hospital al haber empeorado su estado de forma considerable. Como consecuencia de ello fue trasladado a otro centro sanitario donde se le diagnosticó neumonía por legionela. El paciente falleció a finales de agosto de ese mismo año por parada cardiorrespiratoria. Su hija presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Generalitat, que apoya el CJC.