La juez investiga la afiliación al PSOE de trabajadores de Estepona

La Policía encontró en el registro del despacho del ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos -en prisión preventiva por el caso Astapa- unas 30 afiliaciones al PSOE de personas contratadas en el Consistorio esteponero. La fecha de la mayoría de las altas en el partido coincide con el día de la firma del contrato de trabajo. La juez Isabel Conejo, instructora del caso contra corrupción municipal, ha pedido al partido la lista de afiliados desde 2003. "No es la primera vez que se utiliza el Ayuntamiento de Estepona como maquinaria de contratación de afiliados", señalan fuentes de la investigación. "El Tribunal de Cuentas ya advirtió sobre estas situaciones en el informe que examinaba el periodo entre 1995 y 1999 [bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL)] aunque sus resultados no se conocieron hasta 2003".

El Tribunal de Cuentas ya advirtió de contrataciones irregulares

Igual que ocurrió en Marbella, el GIL creó un entramado de sociedades municipales que facilitó la opacidad en la gestión económica y las contrataciones indiscriminadas. Los gobiernos siguientes, con dos alcaldes del PSOE y una regidora del PP, aprovecharon la infraestructura y siguieron engordando la plantilla municipal. En los últimos ocho años se ha pasado de 778 trabajadores a 1.361, mientras que la deuda que el Consistorio arrastra con la Seguridad Social por el impago de las cotizaciones ha subido de 18 millones en 1999 a 46 millones hoy.

Las contrataciones que permiten controlar la agrupación socialista son uno de los muchos "flecos" de la investigación, que se centra en los convenios urbanísticos de los últimos cinco años. También se estudian facturas de empresas concesionarias y gastos sin control.La figura del jefe de gabinete de alcaldía, José Flores, es clave a la hora de establecer vínculos entre las contrataciones de personal municipal y el control de la agrupación socialista de Estepona. "Era público que Flores -actualmente en prisión- manejaba el PSOE y decidía a quién encumbraba a través de las listas electorales", coinciden varias fuentes. Todo ello, a pesar de que no tenía cargo orgánico alguno. Como mano derecha del regidor, a Flores también se le atribuye una gran influencia en las contrataciones municipales.

El plan de austeridad del municipio, impulsado por el nuevo alcalde David Valadez (PSOE), ha reducido los últimos contratos temporales del ex regidor Antonio Barrientos, también encarcelado. Desde julio, se han dejado de prorrogar unos 90 contratos de de las sociedades municipales. Entre ellos, hay 35 personas fichadas para la campaña veraniega de limpieza de las playas. Varios trabajadores de este contingente se afiliaron al partido socialista el mismo día en que firmaron sus contratos, según fuentes conocedoras de la investigación.

Varios integrantes de partidos políticos consultados, PSOE, PES (posgilistas), PA, IU, coinciden en que en los últimos años la contrataciones en el entramado de empresas municipales venía precedida por la afiliación a las siglas de turno. "Así se garantizaba el control en el partido y el sentido del voto a la hora de tomar cualquier decisión", señala uno de ellos. "Si alguien disentía, sólo había que recordarle quién le había dado trabajo".

Hubo dos oleadas. La primera la hizo el GIL, entre 1995 y 1999. Sobre esta etapa, el Tribunal de Cuentas advirtió que el Ayuntamiento esteponero contrataba temporalmente a trabajadores fuera de plantilla, sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva. El paso del contrato temporal a indefinido era clave para garantizar la estabilidad de los afines a cada partido y los momentos elegidos suelen situarse en torno a las elecciones municipales.

Según recoge el alto órgano fiscalizador, inmediatamente ante de las elecciones de 1995, pasaron muchos contratos de temporales a fijos, con serias sospechas de que estuvieran vulnerando los procedimientos de selección de personal al servicio de las Administraciones Públicas.

El 1 de julio de 1999, el gobierno del GIL -en funciones y poco antes de perder la alcaldía por un pacto de PP, PSOE, IU y PA- aprovechó para firmar unas cuantas contrataciones indefinidas y reconocer la antiguedad a trabajadores que habían ido saltando de sociedad municipal en sociedad municipal. La segunda oleada de contrataciones se atribuye a los partidos que desbancaron al gilismo, especialmente PSOE y PA, pero también los posgilistas del Partido Estepona (PES), cuyos votos encumbraron en 2003 a la alcaldía a Barrientos.

Desde el 1 de enero de 2000, cuando el Consistorio tenía 778 trabajadores (485 del Ayuntamiento y 293 de sociedades municipales), se han sumado 583 empleados, un 74% más. En junio, momento en el que saltó a la luz el caso Astapa, la plantilla era de 1.361 trabajadores (800 en las sociedades municipales y unos 500 entre personal laboral y funcionarios del Consistorio). El plan de austeridad del nuevo equipo de gobierno ha reducido en 106 empleados la nómina para asumir la bancarrota la que se encuentra el Consistorio, con una deuda total de 97 millones.

El impago de las cotizaciones de la Seguridad Social de su enorme plantilla (43 millones) y el encargo descontrolado de suministros y obras (32 millones) ha contribuido para ahondar el agujero económico de sus arcas. A primeros de octubre, el municipio sufrió un embargo en las cuentas de tres sociedades municipales, que la Seguridad Social acordó levantar hasta que el municipio culmine un plan de saneamiento económico. El Consistorio necesita unos 50 millones para recobrar la normalidad. El Ayuntamiento tiene previsto reunirse próximamente con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, para pedir ayuda financiera.