El CES critica la falta de concreción del proyecto de ley de Inclusión Social

El Consejo Económico y Social (CES) considera que el proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social "queda muy condicionado por su futuro desarrollo reglamentario". En su informe preceptivo, que aprobó el pasado martes por unanimidad -del grupo sindical se han autoexcluido ELA y LAB- este órgano consultivo alaba, por un lado, que el Gobierno ordene las prestaciones económicas y los instrumentos para luchar contra la exclusión. Pero considera que hay una excesiva cantidad de temas que no quedan cerrados en la futura ley y que, por tanto, quedan a la discreción de la Administración. Estima que la norma impulsada por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social debe establecer al menos las líneas fundamentales de ese desarrollo pendiente.

El proyecto no va acompañado de una dotación económica suficiente

Se muestra también preocupado porque la ley no vaya acompañada de una dotación económica suficiente para poder dar las prestaciones a todo aquel que justifique su necesidad.

El CES ha elaborado un informe, que ha remitido al Parlamento, y no un dictamen porque la norma se encuentra ya en pleno proceso legislativo. "Cabe constatar que son cuantiosas las materias que quedan remitidas a posterior desarrollo reglamentario, en temas clave como las cuantías [de las prestaciones] y sus modificaciones, la duración del derecho o las obligaciones de las personas beneficiarias (incluida su participación económica)", señala el informe.

La nueva norma quiere poner orden en las actuales ayudas. Así, propone la creación del Sistema Vasco de Garantía e Inclusión Social como un sistema autónomo. Con este, fin crea dos instituciones básicas. La primera es la Renta de Garantía de Ingresos, que incluye la renta de inclusión social, la renta complementaria de pensiones y la renta complementaria de ingresos de trabajo. La segunda es la prestación complementaria de vivienda. Ambas rentas quedan fijadas como la última red de protección de todo el sistema.

El informe pone también reparos a algunos artículos concretos del proyecto. Éste establece que la renta de garantía de ingresos se suspenderá cautelarmente cuando se detecten indicios de una situación que implique la pérdida de los requisitos exigibles para el cobro de la misma. Según el CES, se debe tener en cuenta que las personas perceptoras de estas prestaciones son un colectivo especialmente vulnerable. Cree por ello que la norma debería ser cuidadosa al regular las circunstancias que pueden conducir a la suspensión cautelar del pago y pide que se establezcan criterios claros y no "meras sospechas".

El CES lamenta que se fije como requisito para percibir la prestación complementaria de vivienda ser titular de la Renta de Garantía de Ingresos. Esta situación obligaría a recurrir a las AES (ayudas de emergencia social), "cuya concesión no está garantizada, ya que no se trata de un derecho subjetivo".

En el informe también se alude a la forma de gestionar el copago de algunos servicios. Estima el CES que esta materia no debería ir regulada en esta norma sino en la ley de Servicios Sociales, también en tramitación en el Parlamento. Propone por tanto la eliminación del artículo 93 que trata esta cuestión.