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El Ayuntamiento reclama a las telefónicas 22 millones por usar el espacio público

Elena G. Sevillano

Hay que sacar dinero de donde sea. Con las arcas municipales tiritando y las obras públicas en espera, el Ayuntamiento de Madrid está tratando de aplicar la ordenanza que permite cobrar a las compañías de móviles la tasa del 1,5% de los ingresos que obtienen al operar en la ciudad. Serían 22 millones de euros sólo este año, y únicamente de tres compañías, aunque las más grandes: Movistar, Vodafone y France Telecom (Orange).

La tasa por "utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil", que es como se llama el impuesto en cuestión, ya se ha liquidado a estas tres empresas en los dos primeros trimestres de año. En total, son 11 millones de euros que deben al Consistorio, según explicó ayer en la comisión de Hacienda la directora de la Agencia Tributaria, Rosa Navarro.

Ninguna operadora ha pagado el impuesto, ni en Madrid ni en ningún otro Ayuntamiento español, aseguraron ayer fuentes de Redtel, la asociación que las representa. Movistar, Vodafone y France Telecom han recurrido tanto las liquidaciones como la propia ordenanza, aprobada en noviembre pasado. Sin embargo, el Consistorio confía en obtener ese dinero e incluso va a incluir los 22 millones en los Presupuestos de 2009.

De las 21 compañías que operaban en Madrid este mes de julio, 11 no han atendido el requerimiento de liquidación y otras siete han contestado alegando que no están sujetas a esa tasa, que están exentas o que tienen problemas técnicos para contestar.

Desde Redtel señalaron que esta nueva tasa es completamente ilegal "porque supone una doble imposición", ya que las compañías ya pagan por el mismo concepto el canon radioeléctrico y el IAE. No opina así Navarro: "Son dos tasas diferentes, porque además la telefonía fija sí la paga y la móvil está ganando espacio a la tradicional".

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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