La crisis amenaza las ayudas para 30.000 personas dependientes

La crisis económica amenaza el cuarto pilar del Estado del bienestar: la atención a las personas dependientes. El Gobierno de la Generalitat admitió ayer abiertamente que es posible que se retrase la aplicación de la Ley de Dependencia. Con el nuevo año, estaba previsto que la prestación a personas dependientes no sólo acogería a ciudadanos con dependencias graves, cómo ahora, sino también con las consideradas leves. Un total de 30.000 personas pasarían a sumarse a las 32.000 que ahora reciben ayudas.

Sin embargo, el Gobierno de la Generalitat se prepara para el recorte. El consejero de Innovación, Empresa y Universidad, Josep Huguet, admitió que la crisis económica crea "cierta complicación" en el desarrollo de la ley. Por ello, instó al Gobierno central a "mover ficha, ya sea poniendo el dinero que falta" o a "coger el toro por los cuernos y decir abiertamente que su aplicación será más lenta".

La consejera de Acción Social, Carme Capdevila, no le desmintió. Durante una comparecencia parlamentaria, Capdevila tampoco rechazó la idea que ya ha planteado el Partit dels Socialistes: posponer las ayudas a las personas con menor grado de dependencia ante las limitaciones de financiación actuales.

Capdevila indicó que su voluntad es esperar a tener sobre la mesa las cuentas de 2009. "Mientras no tengamos sobre la mesa los presupuestos cerrados no podemos decidir" sobre estas prórrogas, dijo.

Capdevila reiteró que la Generalitat no podrá soportar durante mucho tiempo la carga económica que le supone la ley. Recordó que si se perpetúa la actual situación sobre el reparto de la financiación en ambas administraciones, en 2011 la Generalitat se haría cargo del 81% del coste público y el Gobierno central sólo del 19%. La ley dicta que las dos administraciones, Gobierno central y Generalitat, deben hacerse cargo a partes iguales de dos tercios del coste, mientras que el usuario debe afrontar el otro tercio.

Capdevila sostuvo que la proporción es del 67,8% sufragado por la Generalitat y el 22,2% por la Administración central. La consejera republicana señaló que este año la Generalitat está pagando 370 millones de los 545 que está costando aplicar la ley.

El Gobierno catalán tiene reconocidas a 5.762 personas con grado 1 (personas que requieren asistencia una vez al día para su aseo personal u otra necesidad básica) y 6.541 dependientes en grado 2.1 (cuando la ayuda que necesitan pasa a ser intermitente, al menos dos o tres veces al día, para sus necesidades fisiológicas o de alimentación). Si las previsiones no vuelven a fallar, en enero 20.000 personas más tendrán reconocida una dependencia con grado 1, lo que agravará la situación. Este grado de dependencia, calcula el tripartito, agrupará a unas 30.000 personas. Son éstas las que, de diferirse las ayudas, se quedarán sin dinero.

UGT exigió ayer la aplicación urgente de la Ley de la Dependencia y pidió al tripartito y al Parlament "más seriedad y rigor" en la elaboración y aprobación de normativas legislativas "especialmente en aquellas que tienen que ver con una ampliación de la garantía de derechos de las personas".

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó a propuesta de CiU una moción que insta a los servicios municipales a hacerse cargo de la atención a los dependientes cuando sus cuidadores tengan algún tipo imprevisto.