Rajoy hace un paréntesis en la batalla económica para apoyar al Gobierno

José Luis Rodríguez Zapatero logró ayer el respaldo expreso en el Congreso a su plan frente a la crisis financiera. Tan extraordinario es el plan como el paréntesis de consenso con el PP constatado ayer, tras meses de confrontación en el terreno económico. No hubo sorpresas, porque todo había sido precocinado el fin de semana por los equipos económicos del Gobierno y el PP. Como se había acordado, el presidente del Gobierno se comprometió a incluir, en el desarrollo reglamentario de los decretos, las medidas de control y transparencia que le pedía el líder de la oposición. Sólo dejaron de apoyar la propuesta Izquierda Unida, ICV y BNG.

"No queremos crear una banca pública ni sustituir al mercado", dijo Zapatero para dejar claro que el plan que incluye la compra de activos de bancos para inyectar liquidez al mercado es una medida temporal y extraordinaria para hacer frente a lo que definió como "colapso" financiero.

Rajoy salió al estrado con la difícil papeleta de cumplir con el trámite de tener que respaldar al Gobierno en medidas que han sido acordadas en toda la UE y, al tiempo, dejarse margen suficiente para hacer oposición y evitar la crítica de quienes le piden dureza contra Zapatero. En todo caso, se olvidó de aquello que dijo hace sólo 10 días de que Zapatero ayuda a "sus amiguetes" de los bancos y aseguró que apoya los decretos "por responsabilidad". El margen de maniobra lo buscó recordando frases del presidente en las que restaba importancia a la crisis; proponiendo más medidas de control parlamentario y del Banco de España a las ayudas al sector financiero y, sobre todo, ampliando el tiro hacia la crisis económica en España y el incremento del paro. "Son medidas necesarias, pero no suficientes", dijo el líder del PP, antes de exigir un "plan de rescate a las familias y las pequeñas empresas".

El paréntesis de consenso se cerrará hoy en el debate de Presupuestos y esa parte del discurso de Rajoy anticipa por dónde irá su intervención. El líder del PP trata así de diferenciar dos planos, el de la crisis financiera y la económica, para no quedarse sin aire en el campo de juego que ha elegido para su oposición, precisamente el de la economía. Y lo dejó claro: hay paz en el plan financiero, pero habrá guerra en todo el resto de la política económica.

Como era día de consensos, Zapatero eludió el choque. "Ya habrá tiempo", señaló mientras agradecía el apoyo del PP. A la polémica sobre el origen de la crisis respondió reiterando que procede de Estados Unidos y lanzando con precisión acusaciones a los bancos de aquel país que concedieron hipotecas sin control: "Falta de supervisión y regulación" y "afán de lucro desmedido", entre otras.

En el clima de consenso, Zapatero llegó a admitir la posibilidad de crear una subcomisión parlamentaria que elabore propuestas para la reforma del sistema financiero internacional. Rajoy aceptó los compromisos de Zapatero y votó en contra de tramitar los decretos como proyectos de ley, lo que impide incluir modificaciones. Es decir, se fía de que el Gobierno incluya en los reglamentos todas las medidas de control propuestas por el PP.

El presidente aseguró que no se trata de ayudar a los bancos, sino a todos los ciudadanos, y explicó que ya se notan las medidas adoptadas en toda la UE, porque el Euríbor ha bajado en una semana del 5,5% al 5,2%, lo que supone 30 euros menos al mes para una hipoteca media. Zapatero desveló que el plan ha recibido ya el informe positivo del Banco Central Europeo y se felicitó de la actuación concertada de la Unión Europea que, según dijo, "sale reforzada" de la crisis. Insistió en que "España cuenta con un sólido sistema financiero", pero en su intervención final dejó en el aire su inquietante promesa de que si alguna entidad española tiene un problema de "insolvencia o riesgo" el Gobierno "intervendría".

En el bloque de grupos parlamentarios que dio apoyo al Gobierno hubo, no obstante, reproches y advertencias de futuro. Así, el portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, exigió "máxima transparencia y garantía de que no habrá coste alguno para los contribuyentes".