El retorno del hijo prófugo

Pocos guatemaltecos podían dar crédito a aquella escena: el ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004), huido a México para evadir varios cargos de corrupción, regresaba esposado al país. La fiscalía mexicana, en efecto, lo entregaba el pasado 7 de octubre a las autoridades de Guatemala, que lo condujeron de inmediato ante el juez. Concluía así una fuga de cuatro años y siete meses. Tres horas después, sin embargo, el ex presidente quedaba libre con una fianza equivalente a 95.000 euros. Una cifra risible, clamaron muchos, para el que fuera jefe de un Gobierno acusado de haber malversado 700 millones. Analistas, empresarios y líderes opositores sospechan que detrás del retorno de Portillo hay un pacto con el actual presidente, el socialdemócrata Álvaro Colom.

El regreso se produce después de que el Gobierno destituyera al fiscal general

"Estoy aquí porque voy a enfrentar la justicia. Yo decidí entregarme", clamó Portillo al llegar. En realidad, el ex mandatario, que huyó de su país en febrero de 2004, un mes después de dejar el cargo y 48 horas antes de que se emitiera contra él una orden de arraigo (restricción de movimientos), había agotado todos los recursos contra la extradición dictada por la justicia mexicana.

Sin afeitar, sudoroso y más orondo que cuando dejó la presidencia, el populista Portillo convirtió su primera declaración ante el juez en un mitin. Con su voz afónica y destemplada, que le valió en su día el mote de Pollo Ronco, dijo ser víctima de una "persecución política" de los medios de comunicación y los empresarios, que, asegura, nunca le perdonaron que él fuera "el presidente de los pobres".

El retorno de Portillo ha revivido los cuatro años del Gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado por su mentor, el general golpista Efraín Ríos Montt. Una etapa en la que Amnistía Internacional habló de un "Estado corporativo mafioso". La prensa se ha apresurado a desempolvar los archivos, recordatorio de lo que la columnista Dina Fernández ha descrito como "el saqueo de las arcas públicas más voraz y descarado de la historia de Guatemala".

Entonces, un escándalo semanal desbancaba al anterior, como los 1.600 millones de quetzales (156 millones de euros) destinados a salvar dos bancos quebrados de un amigo de Portillo, los 350 millones de quetzales (34 millones de euros) saqueados en el Seguro Social, el desvío de fondos públicos a las cuentas panameñas a nombre de parientes del presidente y otros funcionarios, o la desaparición de 1,5 millones de dólares (algo más de un millón de euros) donados por el Gobierno de Taiwan para "proyectos educativos", pero que, según la fiscalía, le fueron entregados a Portillo mediante cheques a su nombre.

Medio centenar de ex altos cargos eferregistas han sido procesados. Portillo se va a sentar en el banquillo con una sola imputación: la malversación de 120 millones de quetzales del Ministerio de Finanzas. "No se le podrá juzgar por otros casos, porque la extradición fue solicitada sólo por peculado. Y el convenio con México impide que el extraditado sea enjuiciado por causas distintas de aquellas por las que fue entregado", explica un abogado penalista que prefiere mantener el anonimato. "¿Torpeza de la fiscalía o genialidad de alguien que lo quería proteger? Lo de la torpeza ya no se lo cree nadie".

Portillo está acostumbrado a salir bien librado de los tribunales. En 1995 obtuvo la prescripción por el homicidio de dos estudiantes mexicanos 13 años antes al calor de una riña regada de alcohol. Ahora, una lluvia de improperios le ha caído al juez que le dejó en libertad. Según una encuesta de Prensa Libre, un 79% de los guatemaltecos cree que el ex presidente debería estar en la cárcel. Así lo creen también importantes juristas. Particularmente indignada se ha mostrado Nineth Montenegro, respetada diputada de la izquierda, que fiscalizó con denuedo al Gobierno eferregista y presentó pruebas de malversaciones a la fiscalía: "En Guatemala, la justicia sigue y seguirá ciega cuando se trata de luchar contra la corrupción".

Analistas como Carmen Rosa de León, Raquel Zelaya o Enzo Rosal; activistas como Mario Polanco; la patronal, la oposición y los principales diarios coinciden en que ha habido "un arreglo previo" con el presidente Álvaro Colom, que necesita del apoyo del FRG en el Congreso. El retorno se ha producido después de que el Gobierno destituyera al fiscal general y cuando varios allegados a Portillo han sido colocados en importantes cargos, como la presidencia del Congreso, la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría de Cuentas. Otros creen ver detrás de estos movimientos el pago por la ayuda financiera eferregista a la campaña de Colom, que ganó las elecciones en 2007. Colom ha acusado a la prensa de manipular y "caer en el desacato".

Portillo, mientras tanto, ya ha anunciado que regresará a la política para "ser útil" a su país. "No tengo resentimiento", ha proclamado. "Yo perdono".