¿Cómo calificar esta situación?

El Gobierno de un país, España, que representa a todos los españoles, presenta en el Congreso de los Diputados -que representa al pueblo español, a todo él- el proyecto de presupuestos de la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. Hasta aquí todo normal y de acuerdo con la Constitución vigente.

Pero el Gobierno no tiene, con el único apoyo de su partido, los votos suficientes para aprobar los Presupuestos y entonces empiezan a apuntarse soluciones. Pero no soluciones con planteamiento nacional (más inversión en infraestructuras, en enseñanza, en investigación, etcétera, en temas que unos u otros consideran de interés para todos los españoles), sino propuestas de apoyo condicionadas a la obtención de privilegios, ventajas, o como se le quiera llamar, para determinadas comunidades autónomas y planteado por partidos que sólo representan a esas comunidades, pues sólo se presentan a las elecciones en ellas, y no a la totalidad de la nación. Los ingresos y gastos de todo el sector público español pueden depender de que se acceda a ciertas transferencias o a cierto sistema de financiación que no tienen otras comunidades ni podrían obtenerse sin esa posición de dominio.

Yo no sé cómo calificar esta situación, pero creo que la solución, apuntada por Rodríguez Ibarra en un lúcido artículo publicado en EL PAÍS hace unos días, podría alcanzarse si en el órgano representativo de todos los españoles sólo pudiesen estar presentes los partidos políticos que representen la voluntad popular de toda la nación. Para representaciones territoriales ya está, o debe estar, el Senado ("Cámara de representación territorial", dice el artículo 69 de la Constitución). Las elecciones generales se basan en circunscripciones provinciales, pero nunca se ha dado el caso de que los elegidos por una provincia pretendan imponer ciertas ventajas para su territorio a cambio del apoyo a una medida legislativa.