Los indígenas de Colombia se rebelan contra Uribe para exigir tierras

Disparos, marchas, supuestos atropellos de los derechos humanos, heridos... Esto es Colombia, pero en esta ocasión no se trata de las FARC ni de los paramilitares, al menos directamente. El conflicto indígena ha estallado y nadie sabe cómo detenerlo.

Los nativos exigen que se investigue el asesinato de 22 activistas este año

El Ejecutivo sospecha que las FARC están detrás de las protestas

Más de 7.000 indígenas, la mayoría de la comunidad nasa, se han atrincherado en el resguardo La María, en el municipio de Piendamó (Cauca), a menos de 100 kilómetros de Cali, la tercera ciudad del país. Su exigencia: el cumplimiento de viejos compromisos de entrega de tierras y que se ponga fin a los crímenes contra sus líderes en todo el país. Para el Gobierno, el único objetivo es desestabilizarle. Y avisa que, pese a la apariencia, detrás están los terroristas.

La protesta empezó el pasado fin de semana, cuando se conmemoraron los 516 años del descubrimiento de América, otro aniversario del "despojo", como lo llaman los nativos. Los manifestantes bloquearon la carretera Panamericana, una de las vías más importantes que llega hasta la frontera con Ecuador, al sur. El miércoles, policía y ejército los desalojaron a la fuerza. Hubo balas "lanzadas al aire", gases lacrimógenos, piedras, palos y, según el Gobierno, explosivos artesanales.

La situación, ayer, continuaba tensa. A mediodía, el comandante de la policía, general Oscar Naranjo, dijo tener pruebas de la presencia de un frente de las FARC, mientras el procurador, Edgardo Maya, trataba de mediar en el conflicto. Los nativos, que se declararon en asamblea permanente, piden la presencia de Álvaro Uribe. Pero el presidente ha transmitido un mensaje contundente de rechazo: "¿Vamos a correr a dialogar como reacción a la violencia?". Su respuesta es clara: no.

Uribe considera que el conflicto está lleno de trampas y ve detrás la mano del terrorismo. 10 policías han resultado heridos. Uno de ellos perdió las manos por un explosivo. "[Los indígenas] ejercen todo tipo de violencia y en seguida nos acusan ante la comunidad internacional", dijo. Uribe ve gato escondido detrás de la protesta: dificultar que Colombia dé pasos tan importantes como la aprobación del Tratado de Libre Comercio con EE UU.

Para los indígenas, las cosas son distintas: sostienen que los uniformados actuaron de manera violenta. Hay tres manifestantes muertos, incluido un bebé de siete meses, y más de 80 heridos, ocho de ellos de bala. Aseguran que hombres armados protegidos por la policía disparan contra los manifestantes.

El jueves, difundieron una grabación en la que un supuesto infiltrado del ejército se mezcló entre los manifestantes atiborrado de explosivos. "El verdadero infiltrado terrorista es el Estado", dijeron. Al soldado le aplicaron la justicia indígena: 8 latigazos.

Los enfrentamientos han dejado en segundo plano el verdadero motivo de la protesta. El Gobierno, como compensación por la masacre del Nilo ocurrida en 1991 -murieron varios nasa y hubo despojo de tierras-, se comprometió a entregarles casi 16.000 hectáreas. Poco después, un nuevo compromiso obligó a entregarles 8.000 más. Según el Gobierno, sólo faltan 4.000 para cumplir el pacto. No ha podido completarlo, dice, porque la tierra, en esta zona de montaña, es muy costosa. Los indígenas lo desmienten: "Podemos demostrar con datos que el 95% de los acuerdos firmados por este Gobierno y los anteriores no se han cumplido", afirma Luis Elvis Andrade, consejero mayor de la autoridad indígena nacional. En 2001, otra masacre paramilitar desalojó a indígenas de sus tierras. La promesa fue reubicarlos. Aún esperan.

Andrade recalca que además de la tierra exigen que se aclararen los asesinatos de 57 indígenas, 22 de ellos ocurridos este año. Las últimas víctimas fueron dos nasa -la comunidad más numerosa y organizada, conocida por enfrentarse a la guerrilla y a los paramilitares con su guardia indígena armada de bastones de madera- y dos líderes embera del municipio de Riosucio, en la zona cafetera.

Andrade denunció también que 400.000 nativos (del total de 1,3 millones del país) no tienen tierras y hay 18 pueblos que, en medio del conflicto, están en peligro de extinción. La protesta indígena es nacional. Hay marchas y concentraciones en todo el país. El Gobierno alega que no existen motivos para la protesta porque el 27% del territorio está en manos indígenas, aunque la mayoría son grandes extensiones en la Amazonía, muchas en zonas inundables.

Ayer, la Federación Internacional de Derechos Humanos, condenó al Gobierno por reprimir violentamente la protesta indígena y pidió respeto a los derechos de los pueblos aborígenes.