Cosas que se pueden hacer
Los dogmas tienen su atractivo. En todos los campos. Quien los interioriza se evita la cansada tarea de pensar, sustituyendo las argumentaciones y evaluaciones por eslóganes y consignas. Centrándonos en el caso de la economía, el dogma intervencionista y el del santo mercado son dos de los más habituales. Guste o no, lo que está ocurriendo estas semanas en el sistema financiero internacional contribuirá a fortalecer a los fieles del primero y hará más tímidos a los segundos.
Sería un error que el debate sobre lo ocurrido y la orientación de la política económica en el futuro se limitara y a su vez descansara en los equilibrios fluctuantes entre ambos extremos. Posiblemente la posición más razonable sea la de los manuales de economía más populares, que ven fallos potenciales tanto en la actuación pública como en el funcionamiento del mercado y recomiendan hacer evaluaciones de cada caso antes de regular e intervenir. En definitiva, recomiendan pensar.
Sólo cuando las sinergias de la fusión de las cajas de ahorros sean claras, debería darse ese paso
¿Debe inmiscuirse la Xunta en las operaciones financieras de otros agentes con bancos y cajas? Depende. Un caso en el que sí debiera participar activamente es en los créditos a los ayuntamientos. En la coyuntura actual es oportuno y legítimo que los ayuntamientos se endeuden para compensar el mal comportamiento de los ingresos ordinarios. El problema es que puede ser difícil para muchos municipios conseguir esos préstamos. E incluso en el caso de que sean capaces, es posible que las comisiones o el tipo de interés a pagar sean muy elevados. La solución pasa por unificar todas las peticiones de crédito y negociar conjuntamente con las entidades financieras. Es lo que hace, por ejemplo, la Diputación de Barcelona. En el caso de Galicia, quizá por falta de tamaño o de ambición, esta labor no parece que vayan a desempeñarla los organismos provinciales.
La Xunta aparece, por tanto, como el candidato más oportuno. Porque con su aval sería más fácil conseguir buenas condiciones. Y porque la Xunta tiene la posibilidad de recuperar rápidamente los recursos en caso de mora de algún ayuntamiento: bastaría con quitárselo del Fondo de Cooperación Local. Por tanto, la medida tendría un coste cero para los contribuyentes y permitiría corregir los problemas de riesgo moral, información asimétrica y desequilibrio en el poder de negociación que atenazan las relaciones de mercado entre entidades financieras y ayuntamientos.
¿Es el momento para cambiar radicalmente el mapa gallego de cajas? Depende. Desde hace ya un tiempo se habla de muchas cuestiones: fusión de cajas, nueva ley, intervención en la obra social, modificación de organismos rectores, conversión de las cajas en palancas de desarrollo económico... Y la crisis financiera no ha hecho sino intensificar esas demandas.
A mi juicio, la urgencia y conveniencia de los diferentes asuntos es desigual. En cuanto a la fusión, es algo que no se debe precipitar desde el ámbito político. Otra cosa es que preocupe, con razón, la posibilidad de que una fusión con otra entidad más grande y de fuera de Galicia hiciese perder base territorial a las cajas gallegas. Afortunadamente, creo que esa posibilidad es remota a medio plazo. Creo que el criterio aquí debe ser estrictamente empresarial. Sólo cuando las sinergias de la fusión sean claras, debería darse el paso. Es verdad que los acontecimientos se aceleran y el escenario está cambiando: el tamaño parece un factor relevante en un mundo globalizado. Pero la decisión debería basarse en un análisis técnico y riguroso que se vaya actualizando, conforme vayan cambiando las condiciones del mercado. Mucho más razonable me parece que la Xunta reemplace parcialmente a los ayuntamientos en unas entidades que abandonaron hace tiempo la escala local; y que se haya pactado un mayor protagonismo de la Xunta en lo que se refiere a la obra social. En sentido contrario, observo con preocupación las propuestas de intervenir en el negocio del día a día de las cajas, y me parece algo precipitado hablar de una nueva ley sin tener claro aún el modelo que queremos que ésta sustente.
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