La pequeña empresa exige mano dura contra la morosidad

La crisis financiera está ahogando a las pequeñas y medianas empresas, y tanto la Cámara de Comercio de Barcelona como la patronal Pimec exigieron ayer a las administraciones que tomen cartas en al asunto. Sobre todo, cuando no existe garantía alguna de que la banca vaya a destinar parte de la millonaria inyección pública de liquidez a la economía real; esto es, a las empresas y a las familias. La pyme es la base del tejido empresarial catalán, el 93% de las empresas catalanas tienen menos de 10 trabajadores.

Los pequeños y medianos empresarios piden mano dura contra la morosidad. "Es necesario modificar la ley de morosidad, es un escándalo, hay que reducir los plazos", recalcó ayer el presidente de Pimec, Josep González. Como "escándalo", González se refería a la diferencia entre el periodo de los plazos de pago entre empresas de España y otros países europeos: el plazo medio de pago en las empresas españolas es de 94 días, frente a los 40 de Alemania, los 52 del Reino Unido, los 65 de Francia y 90 de Italia. Además, en el caso de Cataluña, la tasa de impagados en el comercio se disparó hasta una tasa superior al 13% en verano.

La Cámara pide al ICO que dé más créditos a las empresas

Pimec defendió ayer que esta situación tiene una salida, y es adaptar la ley española de morosidad a la directiva europea de 2000, sobre todo en tres aspectos: que el plazo de pago pase de 60 a 30 o 45 días, la mejora de los procesos judiciales (que en 90 días, desde la presentación de una demanda, se resuelva el caso) y juicios rápidos para las deudas pequeñas.

Por su parte, la Cámara pidió al Gobierno que aumente los fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que pueda otorgar más ayudas a las pymes. El presidente de la institución cameral, Miquel Valls, instó al ICO, con cuyo presidente, Aurelio Martínez, desayunará el viernes, a seguir los pasos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que ha aumentado sus fondos hasta los 1.000 millones de euros.

También instó al Gobierno a que se cumplan las inversiones en infraestructuras previstas en el Estatuto, a que la Administración reduzca la burocracia y a que se apliquen incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, recordó la reclamación de aplicar un impuesto de sociedades del 15% para las microempresas, del 20% para las pymes y un tipo general del 25%. También pidió el aumento en cinco puntos de la deducción fiscal del impuesto de sociedades cuando se reinvierta (del 12% al 17%), que se despenalice la amortización acelerada de inversiones para préstamos en tecnología, ahorro energético y mantener las ayudas para la I+D.

La Cámara anunció que abrirá un punto de atención empresarial a las pymes para ayudarlas a obtener financiación, que se ubicará en la planta baja de la sede de la institución, en la avenida Diagonal.