El quinto escollo

La batalla por la renovación del Tribunal Constitucional no terminará en el Senado, sino que tendrá continuidad luego en el Congreso. La Cámara alta deberá elegir cuatro magistrados, pero queda aún pendiente que el Congreso designe a un quinto miembro del tribunal, el sustituto de Roberto García-Calvo, fallecido el pasado 17 de mayo.

El proceso en el Congreso es mucho más sencillo, porque basta con que socialistas y populares se pongan de acuerdo y voten juntos un nombre en el Pleno de la Cámara. Sin embargo, el bloqueo del Senado apunta dificultades para el Congreso. Así, el PP sostiene que, puesto que se trata de sustituir a un magistrado fallecido que en su momento fue propuesto por ellos, les corresponde ahora hacer la propuesta y el PSOE debe aceptar el nombre que se ponga sobre la mesa. Añaden que el "principio de no vetos" aceptado por Zapatero y el PSOE debe llegar también a este nombramiento. No obstante, los socialistas aseguran que el nuevo magistrado debe ser un jurista de estricto consenso, es decir, aceptado por los dos grupos mayoritarios, aunque admite que sea el PP el que ponga nombres sobre la mesa. El PSOE asegura que exigirá un perfil estrictamente técnico, sin posición ideológica conocida. Dado lo ajustado de las mayorías en el tribunal, esta sustitución resulta también fundamental.

El PP quiso en mayo proceder a esa sustitución, pero el PSOE logró imponer su tesis de esperar al resto de renovaciones y, sobre todo, a la del Constitucional en el Senado. Las direcciones de ambos grupos aseguran que, por ahora, ni siquiera han empezado a hablar sobre el nombre del magistrado que designará el Congreso. Salvo que Zapatero y Rajoy, como hicieron con Carlos Dívar, tengan ya un acuerdo, al margen de sus respectivos negociadores, que ya ni se reúnen.