Crímenes que no prescriben

La queja por la negativa de los gobiernos a investigar y esclarecer los numerosos casos de fosas comunes con restos mortales de víctimas de la persecución política durante y después de la Guerra Civil fue uno de los aspectos más destacados de la sesión de ayer en las jornadas sobre fosas y simbología franquista celebradas en Barcelona.

Varios de los ponentes, como el antropólogo forense Francisco Etxeberría, que participó en algunas de las primeras exhumaciones de fosas comunes, y la profesora de Derecho Internacional Público Margalida Capella, destacaron en particular la inhibición del Ministerio de Justicia. En el tríptico verdad-justicia-reparación que debe presidir todo proceso de pacificación de la memoria colectiva, afirmó Etxeberría, "se ha puesto el acento en la verdad y en la reparación, pero se ha olvidado la justicia".

La profesora Capella, que ejerce como portavoz de la plataforma de asociaciones que ha llevado el caso de los desaparecidos a la Audiencia Nacional, lamentó que este asunto quedara fuera de la Ley de la Memoria Histórica. El Gobierno ha preferido dejarlo, dijo, en manos de los particulares ofreciendo subvenciones económicas a quienes piden que se busque a sus familiares desaparecidos y que se presume enterrados en fosas. "Es indignante. Se limitan a pagar las palas para que busquen a sus muertos", dijo.

Capella explicó que la "desaparición forzosa" de miles de personas por causas políticas, llevada a cabo de forma sistemática y masiva entra en la esfera de los crímenes internacionales, que no prescriben y quedan fuera de toda amnistía, y de los que el Estado es responsable por la colaboración o la tolerancia de las autoridades del momento.