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Crisis financiera mundial | Los efectos en España

Solbes asegura que el plan no costará un céntimo a los contribuyentes

La prima de riesgo de la deuda española alcanza su máximo en la era euro

El fondo español de 30.000 a 50.000 millones contra la crisis financiera puede llegar a convertirse en un buen negocio para el Estado. El Tesoro captará deuda pública y, en la práctica, se la prestará a los bancos a un tipo de interés superior. El plan en sí mismo rendirá beneficios para el Estado, pero como efecto colateral encarecerá las emisiones de deuda pública, con lo que el resultado tenderá a ser neutro. El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, quiso recalcar ayer ese mensaje: el plan "no debe costar un céntimo a los ciudadanos", y tendrá un impacto presupuestario "prácticamente nulo", dijo.

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Solbes salía así al paso de los mensajes que sugerían que el plan tendrá un alto coste para los españoles. "Si se repartiera de forma equitativa entre los españoles, cada uno de nosotros tendría que aportar mil euros para hacer frente a este fondo", había dicho antes la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal.

La compra de activos como bonos de titulización o cédulas hipotecarias es en la práctica una especie de préstamo a los bancos. El Estado les compra unos títulos de alta calificación crediticia, cobra intereses mientras estén en su poder y, al vencimiento de los bonos, recupera la cantidad que pagó por ellos. Ese préstamo a la banca se remunerará al Euríbor más un diferencial, mientras que el Estado logra su financiación a tipos de interés inferiores al Euríbor.

Hasta aquí, el plan, que se aprobará mañana mediante decreto ley, es un negocio redondo. La pega es que al tener el Estado más deuda de forma temporal (hasta cinco puntos más sobre el producto interior bruto), lo normal es que el Tesoro tenga que pagar un poco más cara su financiación.

Ayer, el bono a 10 años español fue el que más cayó de los grandes países europeos. Su rentabilidad subió hasta el 4,39% y el diferencial con el bono alemán, que se interpreta como la prima de riesgo del Estado español, alcanzó los 0,59 puntos porcentuales (59 puntos básicos). Ese diferencial es el mayor desde que existe el euro, en 1999, y ayer se ensanchó en cuatro puntos básicos. Economía cree que los mercados apenas penalizarán el aumento de la deuda, dado que es temporal y que España es uno de los países menos endeudados. Además, ahora hay una gran demanda de títulos de deuda pública, dada la aversión al riesgo de los inversores.

El encarecimiento de la deuda es precisamente una de las grandes preocupaciones que ha expresado el PP con respecto al plan. La otra es el destino final del dinero: "Creemos que el destino de estos ocho o nueve billones de las antiguas pesetas tienen que ser las familias españolas y las pymes", dijo Cospedal, quien pidió que se cree una comisión en el Parlamento "que permita controlar todas las operaciones" y saber exactamente el destino del dinero de los contribuyentes. No concretó si eso supondría que los diputados supervisasen los créditos que den los bancos con la financiación recibida.

Cospedal también pidió al Gobierno que retirase los Presupuestos Generales del Estado, presentados la semana pasada, una petición que Solbes se tomó a broma: "No quiero salir en el libro Guinness" de los récords.

Mientras el PP expresaba sus dudas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, agradeció ayer el "apoyo generalizado" que, a su juicio ha tenido el plan del Gobierno entre entidades financieras, empresarios, sindicatos y la mayoría de las fuerzas políticas, informa Miguel González. Zapatero pidió al líder del PP, Mariano Rajoy, que se sume a este respaldo. "Si yo fuera el líder de la oposición habría dicho sí sin condiciones, sí sin peros", declaró en una rueda de prensa en Córdoba con el primer ministro polaco, Donald Tusk. En todo caso, calificó de "bastante razonable" la primera reacción de Rajoy y reveló que hace una semana le anticipó que cabía la posibilidad de que hubiera que tomar una medida de este calado.

Aunque aseguró estar dispuesto a ofrecer al PP todo tipo de explicaciones, alegó que los aspectos que faltan por concretar son técnicos, no políticos, y que la gestión del mismo corresponderá a los altos funcionarios del Tesoro, en los que tiene plena confianza. El presidente dejó claro que el Gobierno lo aprobará mañana y que quiere que entre en vigor cuanto antes. Dio por sentado que habrá un debate parlamentario sobre el mismo y se mostró dispuesto a que el fondo esté sujeto a fórmulas de control "genéricas o específicas", pero subrayó que "la decisión es del Gobierno, que es quien tiene la responsabilidad".

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