El Gobierno propone ahora comprar 500 pisos para convertirlos en sociales

El Pacto Nacional por la Vivienda celebró ayer un año de andadura sin que cundiera el entusiasmo. La crisis está dejando todavía a más gente sin acceso a la vivienda y, además, pone a prueba las costuras del acuerdo que en ocubre de 2007 sellaron administraciones, patronales, cooperativas y sindicatos. Arreciaban las acusaciones casi unánimes a las entidades financieras por cerrar el grifo a los compradores de vivienda de protección oficial (VPO) y la Generalitat se sacó de la manga una medida que tampoco cuajó entre todos los firmantes.

La banca niega que haya cerrado el grifo, pero las empresas insisten

Unos 800 pisos se han acogido a la figura del concertado catalán

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, anunció que invertirá 75 millones de euros en la compra de 500 viviendas, a razón de 150.000 euros cada una, para venderlas luego como VPO. El objetivo, según Baltasar, era superar el "cuello de botella" que supone la crisis crediticia, tanto para el comprador como para el promotor. Las inmobiliarias no tardaron en tacharla de "inviable".

Según varios asistentes a la comisión de seguimiento del pacto, la reunión fue según el guión previsto: la Generalitat entregó un amplio informe en el que también constataba la mala situación del mercado inmobiliario y crediticio, y los promotores denunciaron que sin dinero de la banca los objetivos son inalcanzables. El representante de la Federación de Cajas de Ahorros de Cataluña espetó entonces que las entidades han dado el 80% de las 5.800 solicitudes que se le han presentado en el último año para viviendas sociales. Apostilló, no obstante, que requerirán más solvencia.

"Las entidades financieras no quieren que la cuota suponga más de entre el 30% y el 40% de los ingresos de las familias", explicó posteriormente la secretaria de Vivienda, Carme Trilla. Pero es esta exigencia, precisamente, la que puede dejar fuera, por ejemplo, a un mileurista, cuya cuota hipotecaria mensual máxima debería estar, según este criterio, como máximo entre 300 o 400 euros.

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), Enric Reyna, se reafirmó tras la reunión en que el pacto era un "excelente instrumento" en octubre del año pasado. No obstante, advirtió de que ahora todo es diferente y de que requiere una revisión por la falta de liquidez de las entidades financieras. También lo pidió CiU, que no quiso entrar hace un año en el pacto. El diputado Carles Sala reclamó que se reoriente el documento, aunque matizó que esta "hoja de ruta 2.0" debería contener todo lo que pueda aprovecharse.

Baltasar se desdijo de sus declaraciones del martes, cuando afirmó que la Generalitat asumiría las "tareas clásicas de las entidades financieras" mientras éstas sufrieran por la falta de liquidez. Pero el Instituto Catalán de Finanzas no puede prestar dinero a particulares. "Cada uno hará lo que le corresponde. No queremos sustituir al sistema financiero", rectificó. Sí calificó de "excepcional" la medida de adquirir en este trimestre 500 pisos en el mercado libre a precio de vivienda protegida, lo cual supondría que el promotor efectuara una rebaja cercana al 50%.

La medida soliviantó a la patronal de las inmobiliarias. Reyna enseguida respondió que es "imposible" que ningún promotor venda un piso a ese precio en Barcelona y su área metropolitana, que concentra la mayoría de las necesidades de vivienda protegida. "No hay imposibles", le rebatió Baltasar.

En cambio, otras entidades rechazaron la medida al interpretarla como una ayuda a los promotores. Especialmente crítica fue UGT, que consideró que estas compras no son una medida para la vivienda social e insistió en que "las entidades financieras deniegan los créditos hipotecarios a los adjudicatarios de vivienda protegida aunque demuestren su solvencia".

El documento que la Generalitat entregó a los firmantes del pacto contiene un amplio abanico de números y medidas. Baltasar sostuvo que unas 120.000 familias recibirán a finales de año algún tipo de ayuda. Casi la mitad las tendrán en formas de ayuda al alquiler, la mitad de las cuales las aportará el Ministerio de Vivienda. Unos 800 pisos que antes eran de precio libre se han acogido a la nueva figura del concertado catalán. El Ejecutivo inició 4.516 viviendas protegidas durante el primer semestre del año. En septiembre Baltasar había afirmado que habían puesto en marcha 6.000.