El fiscal indaga si la última trama balear financió al PP
La Fiscalía Anticorrupción seguirá el rastro de los desvíos ilegales de fondos y de cobro de comisiones ilegales detectados en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) para verificar la versión de la ex gerente Antonia Ordinas, que aseguró que tramitó y percibió comisiones para financiar al PP. En una cuenta bancaria consta un abono a un proveedor electoral.
Ordinas y su esposa, Isabel Rosselló -ambas en prisión por malversación de caudales y cohecho- guardaron en terrados en el jardín de su casa 240.000 euros de ingresos irregulares. El desvío de fondos alcanzó cerca de dos millones entre 2003 y 2007. Ante el juez, Antonia Ordinas implicó en los cobros al que fue director general de Industria Kurt Josep Viaene, que está también encarcelado.
Ayer por la tarde, el líder del PP de Ibiza, Juan José Cardona -que fue consejero de Industria con el presidente Jaume Matas y responsable del Consorcio-, negó haber recibido comisiones de la trama, en contra de lo afirmado por Ordinas.
Una de las líneas de investigación de la Fiscalía se refiere al posible pago de una cena electoral desde partidas procedentes de fondos públicos, según se consignó en una anotación en las cuentas bancarias de la empresa pantalla de la esposa de Ordinas, Isabel Rosselló, que manejó grandes partidas procedentes de posibles sobornos.
Una empresa de publicidad propiedad de Joan Rosselló, que recibió millonarios contratos del CDEIB (hasta 5,5 millones en cuatro años), realizó en 2007 lujosos folletos publicitarios para el PP, titulados Mira al progreso, con ediciones para cada municipio de Ibiza.
Investigación en Ibiza
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ordenó ayer a la Guardia Civil una serie de registros en el Ayuntamiento de Sant Josep de Ibiza y en tres despachos y sedes de empresas relacionados con el núcleo familiar y de negocios del ex arquitecto municipal Antonio Huerta Briz. Este está acusado de haber participado de manera irregular en la tramitación de más de 160 permisos y proyectos privados de construcción en el término de Sant Josep, en el que era incompatible. Fueron detenidos su hijo Antonio Huerta Chamarro y su nuera Pilar Fernández Pérez, ambos arquitectos, por su relación con la trama.
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