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Los especialistas de los hospitales concertados siguen sin hacer recetas

Los médicos de primaria no extienden prescripciones de otros facultativos

Elena G. Sevillano

De un médico, a otro médico, y sin solución. Y con el paciente en medio. Pedro Morales, enfermo crónico de 53 años, define así la situación: "Es como la pescadilla que se muerde la cola". Su especialista del hospital Gómez Ulla, después de una de las dilataciones de esófago que se hace periódicamente, le recetó dos medicamentos: Primperan (para evitar náuseas y vómitos) y Urbal (protector del estómago). Pero lo hizo en una hoja en blanco, no en una receta oficial.

Al llegar a su médico de cabecera, en el centro de salud de Guayaba (Carabanchel), éste le dijo que no le haría las recetas. Que desde el 1 de septiembre todos los especialistas que trabajan para la sanidad pública tienen que hacerse sus propias recetas, como deja bien claro una resolución de la Consejería de Sanidad fechada el 29 de agosto.

"Ningún doctor tiene aún talonarios oficiales", aseguran en el Gómez Ulla

De vuelta en el Gómez Ulla, hospital militar concertado con la sanidad pública, a Pedro le contestan que no le pueden hacer recetas porque no tienen. "Ningún doctor tiene todavía talonarios oficiales", confirman en el Ministerio de Defensa. "Los han reclamado varias veces a la Comunidad, pero no llegan". Pedro estaría ahora sin tratamiento, de no ser porque en su farmacia le han adelantado los medicamentos. "Porque me conocen, pero ¿y si no fuera así? Mi problema es pequeño, porque el Primperan cuesta tres euros, pero ¿y si fueran antibióticos?", se pregunta.

La resolución asegura que "el especialista hospitalario" entregará "la primera prescripción en receta médica oficial, al menos la de los medicamentos de nueva prescripción". El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, se comprometió en julio, tras el aviso de los médicos de primaria de que dejarían de escribir recetas ajenas en septiembre, a que todos los médicos, públicos y privados, extenderían las suyas.

De momento, un mes después, no ocurre así en el hospital Gómez Ulla, que tiene asignada una población de 100.000 personas para las urgencias y las hospitalizaciones. En septiembre, ha atendido además 5.598 consultas externas de pacientes civiles de la Seguridad Social.

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La resolución del 29 de agosto pasado tendría que obligar a los médicos de otros hospitales privados, como el de Valdemoro (95.000 pacientes asignados) y la Fundación Jiménez Díaz (400.000), a extender recetas oficiales, pero eso aún no sucede.El problema con las recetas lo ha comprobado Roberto del Valle, estudiante de doctorado de 25 años. Su especialista de la Jiménez Díaz le prescribió unos colirios para la conjuntivitis, también en un papel en blanco, y le dijo que fuera a por la receta a su centro de salud, en el paseo Imperial (Arganzuela). Su médico de cabecera, esta vez sí, se las hizo. Del Valle ha optado por seguir extendiendo recetas ajenas hasta que se solucione el problema. "Los pacientes no tienen la culpa de nada. Mientras la Fundación sigue sin hacerlo, hago lo que me dicta mi conciencia", asegura.

El médico de cabecera de Pedro Morales, en cambio, ha optado por mantenerse firme. "Tengo que defender mi posición, es la única forma de convencer", asegura, pese a reconocer que "es una posición incómoda para el paciente, consecuencia de haber transigido muchos años".

El mismo día que habló con EL PAÍS había tenido que hacer una excepción: una receta de morfina de una paciente oncológica del 12 de Octubre. "En ese caso no había excusa posible". Los médicos del área de influencia de la Fundación Jiménez Díaz se reúnen la semana que viene para unificar posturas.

Una portavoz del Servicio Madrileño de Salud aseguró que los médicos de la Fundación Jiménez Díaz y del hospital de Valdemoro recibieron sus talonarios el lunes pasado. "No podemos poner un inspector detrás de cada profesional. Es su obligación hacer las recetas", explicó.

Sobre la tardanza al poner en marcha la resolución, explicó que el procedimiento administrativo se ha alargado. Al Gómez Ulla, añadió la misma fuente, no se le van a proporcionar recetas, ya que no es un hospital de referencia, sino un centro concertado. Sin embargo, una orden del 29 de julio de la Consejería de Sanidad establece que el Sermas puede autorizar la utilización de "sus recetas médicas oficiales a los centros vinculados jurídicamente" con él. Esa definición incluye, según la propia orden, "aquellos centros con contratos, convenios, conciertos u otra relación contractual".

El Grupo Antiburocracia, una asociación de médicos de atención primaria creada en enero de 2008 para luchar contra la burocratización de sus consultas, sigue batallando para que todos los especialistas extiendan sus propias recetas. Muchos facultativos han sido flexibles durante el mes de septiembre, pero la consigna del grupo, al que apoyan cuatro sociedades científicas y el Colegio de Médicos, es que a partir del 1 de octubre "no se hará ninguna primera receta (insistimos) de alta de hospital y consultas de AH", afirma en su página web (www.infodoctor.org/greco/gab-madrid.htm).

El Grupo Antiburocracia reclama que también los médicos de urgencias extiendan sus recetas. Mientras, seguirán devolviendo a los pacientes sin receta a su especialista. "Es lamentable, pero es la única forma. Tenemos que resistir. La consejería ha dado una orden y hay que cumplirla", afirma Quintana.

Entrada del hospital Gómez Ulla, en Carabanchel.
Entrada del hospital Gómez Ulla, en Carabanchel.BERNARDO PÉREZ

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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