Centrifugar la responsabilidad

¿Es sensato que la comunidad autónoma más endeudada de toda España respecto de su PIB reduzca los impuestos para dejar de ingresar cerca de 2.000 millones de euros? ¿Parece razonable que en una época de crisis en la que se va a producir una reducción de ingresos públicos debido a la caída de la actividad económica, un gobierno regional deflacte la tarifa del IRPF? ¿Resulta lógico que una autonomía subvencione una hipotética subida del euríbor cuando no puede hacer frente a múltiples compromisos económicos, bien sea con sus proveedores, bien con las universidades públicas? ¿Es razonable que, pese a la bajada de impuestos y la caída de ingresos, una administración pública mantenga un nivel de gasto muy por encima de sus posibilidades? Si la respuesta es sí, usted es miembro del gobierno de la Generalitat o militante del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. No puede serlo de ninguna otra parte porque Mariano Rajoy a las preguntas anteriores siempre responde no. Un clásico del PP, como el eurodiputado José Manuel García Margallo, con varios libros escritos sobre financiación autonómica y política impositiva, sentenció en su día: "Las deudas de hoy son los impuestos de mañana". En su tierra nadie parece hacerle caso.

García Margallo sentenció: "Las deudas de hoy son los impuestos de mañana"

Si usted es un ciudadano perplejo que no entiende nada de nada, puede acudir en demanda de auxilio a algún catedrático de economía que le explicara que, cuando un gobierno no puede actuar sobre los tipos de cambio ni sobre el mercado de trabajo, el único recurso que le queda es poner en marcha una política fiscal muy flexible. Incluso le citará a Robert Mundell, premio Nobel de Economía por su teoría sobre las áreas monetarias óptimas y padre del euro. Claro que está por ver que Gerardo Camps, consejero de Hacienda de la Generalitat, haya estudiado a Mundell, porque el economista canadiense sostenía que la flexibilidad impositiva debía de ir acompañada por una contención del gasto público. Y ahí sí que no parece que el gobierno valenciano esté por la labor. Un detalle, simbólico, pero significativo, hubiera consistido en anunciar una congelación de los sueldos de los miembros y de los altos cargos del Consell; pero ni ese gesto se les adivina. Es más, el presidente Camps ha anunciado que va a poner en marcha un tercer canal público de televisión. Más gasto.

¿Y qué hace un gobernante que gasta como el que más y recauda como el que menos? Echarle la culpa a un tercero. Centrifugar su responsabilidad. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señala a Estados Unidos como la causa de la crisis económica que atraviesa España, pero olvida que tarea de su gabinete fue haber evitado la burbuja inmobiliaria y cometido suyo es el presentar un plan contra la crisis con medidas de mayor impacto que el rosario de minúsculas propuestas que viene presentando desde el pasado mes de abril. Y si Zapatero lo hace, si lo hacen también los presidentes de gobierno de Europa, qué no va a dejar de hacer Francisco Camps que vive instalado en la irresponsabilidad (en la medida en que no se siente responsable de nada de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, salvo de aquello que va bien) desde hace varios años. ¿Burbuja inmobiliaria? El Consell la amparó, mimó y consintió con una política de urbanismo salvaje indecente. Llanera, Astroc y centenares de pequeñas y medianas empresas auxiliares del sector de la construcción están en quiebra. No todo es responsabilidad de la Generalitat, pero en el Consell nadie movía un músculo de la cara cuando se les insinuaba que la crisis del ladrillo podía ser una realidad. Por no hablar de las entidades financieras regionales.

Una de las causas, no la única, pero sí una de las principales de esta imprudente manera de actuar -que en absoluto es patrimonio del gobierno valenciano- es la ausencia de corresponsabilidad. Las autonomías manejan alrededor del 37% del gasto público de toda España y apenas gestionan ingresos. Son instituciones de gasto y si el nuevo sistema de financiación autonómica no lo remedia el problema seguirá.

La obsesión del Consell por centrifugar cualquier responsabilidad (la última, su renuncia a hacerse cargo de la gestión de los ríos valencianos) corre el riesgo de resultar dañina a medio plazo. Los ciudadanos pueden empezar a cuestionarse si realmente vale la pena tener un gobierno con una gran capacidad para organizar las fiestas mayores, pero impotente para afrontar cualquier problema: Desde la sanidad hasta la crisis económica. Francisco Camps debería reflexionar sobre ello.