Los profesores de Ciudadanía declaran la guerra a Camps
Amenazan con parar las clases si se les expedienta por no darlas en inglés
Los profesores afectados por la polémica implantación de la versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship) en la enseñanza pública valenciana acordaron ayer "plantar cara" a la política del Gobierno de Francisco Camps (PP) con una campaña de movilizaciones. Unos 800 profesores de Filosofía y de Inglés -de los cerca de 2.000 que se encuentran en esa situación en la Comunidad Valenciana- tomaron esta decisión en tres asambleas provinciales convocadas conjuntamente por los tres sindicatos mayoritarios de la enseñanza no universitaria, STEPV, CC OO y Fete-UGT.
"Si hay una sola sanción, el sistema educativo se para", advierten
Pese al "malestar" y las "tensiones" que viven los claustros docentes desde el inicio de curso el pasado 16 de septiembre, la Generalitat valenciana ha decidido burlar la suspensión cautelar parcial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, que le prohíbe evaluar a los alumnos de Ciudadanía en inglés, y seguir adelante, sin recursos humanos ni materiales, obligando a los centros a poner a disposición de la asignatura el profesor de lengua extranjera para que la traduzca o "vehicule". Camps, además, ha ordenado a través de su Consejería de Educación, movilizar a todo el cuerpo autonómico de inspectores para "controlar que Ciudadanía se dé en inglés". Y, de no hacerse así, como ocurre en muchos centros que se han declarado en "rebeldía", sancionar con un expediente disciplinario al profesorado que dé Ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas oficiales, castellano y valenciano.
"Si hay una sola sanción, paralizaremos el sistema educativo valenciano", advirtió ayer Vicent Mauri, durante la lectura en el instituto público Lluís Vives, de Valencia, de un "manifiesto unitario" de los tres sindicatos. "Haremos lo mismo que hicimos en las huelgas de 1976 y 1979", precisó Javier González Zurita, de UGT. "No necesitamos ni pedir autorización de huelga, simplemente paralizaremos las clases o no entraremos".
Las tres organizaciones han puesto los servicios jurídicos a disposición del profesorado de Educación para la Ciudadanía que se pueda ver sometido a la "visita de un inspector".
La asamblea aprobó convocar una concentración de protesta el 16 de octubre ante el Palau de la Generalitat. Las concentraciones se sucederán los días 20 y 27 de octubre. Asimismo, el calendario de movilizaciones prevé la convocatoria de varias jornadas de huelga en noviembre. Los acuerdos se aprobaron simultáneamente en sendas asambleas celebradas en Alicante, con la participación de unos 300 profesores, y en Castellón, donde se reunió un centenar de docentes.
"Hay que recordar a la Administración valenciana y hacerlo visible en la calle y ante toda la sociedad", explicó Miguel Ángel Vera, de CC OO, "que su postura en Ciudadanía es ilegal, lo han dicho los tribunales y lo hemos dicho desde el principio". Las quejas por "la situación insostenible" en los centros formuladas por los profesores llegaron hasta tal extremo que incluso se pidió "la intervención del Fiscal General del Estado".
La "tensión" en los centros de Castellón, según contó una profesora, ha llegado hasta el punto de que, en una de las visitas de la inspección el profesorado preguntó, en relación con las amenazas de sanción: "¿Vais a ir a traición?". El inspector respondió sin dudar: "Si nos lo ordenan, sí", informa María Fabra.
"Ganar la batalla en la calle"
"Tenemos la responsabilidad de educar y educar bien", recordó ayer en la asamblea Juan Manuel Soto, profesor del instituto Ballester Gozalvo de Valencia, que fue el primero en recurrir la orden de la Generalitat de impartir las clases en inglés y también el primero en declararse en rebeldía frente a la imposición de la consejería valenciana de mantener las clases "traducidas" al inglés. "Ésta es una situación que rompe las fronteras de la escuela y trasciende a la ciudadanía", explicó Soto, "por tanto, lo que hay que hacer es Ciudadanía en acción". Y ésto es precisamente lo que ha hecho el equipo directivo del instituto, que ha sido bandera de referencia en su oposición a lo que consideran una normativa "ilegal".
El instituto Ballester Gozalvo, además de aprobar por "unanimidad" dar las clases en valenciano y castellano, ha "abierto sus puertas" a todas los colegios del barrio obrero de Torrefiel y ha convocado a todas las asociaciones de vecinos para que conozcan la situación real y "ganar la batalla en la calle". "Cualquier funcionario, y nosotros lo somos, que crea que una norma incumple otra de rango superior tiene la obligación de explicarlo", argumentó.
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