El Gobierno exige las cuentas sobre Dependencia de las comunidades

La Ley de Dependencia lleva en vigor año y medio, y todavía se desconocen datos fundamentales. Se sabe que 368.932 ciudadanos tienen derecho a una prestación, pero no cuántos la reciben, ni cuál se les ha otorgado. Estos detalles están en manos de las comunidades. Por tanto, la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, no pudo dárselos ayer a Lourdes Méndez, diputada del PP. "He pedido a las comunidades que expliquen qué presupuesto han dedicado a la Ley de Dependencia. Yo voy a procurar la mayor transparencia, pero eso exige la misma transparencia por parte de las comunidades", respondió. El ministerio, antes del verano, dio un plazo de seis meses a las autonomías para que especifiquen qué servicio están recibiendo los ciudadanos.

Cabrera se empleó a fondo para convencer a los diputados de que la Ley de Dependencia es "una ley de Estado". Pero rechazó hablar de financiación hasta que no tenga toda la información. Sin embargo, para algunos grupos políticos que colaboraron en la creación de esta ley, ayer sí era el día de hablar de dinero.

Cofinanciación

ERC presentó una propuesta para modificar algunos artículos en vista de que la "cofinanciación ha saltado por los aires". En principio, el coste del sistema de Dependencia debe repartirse por igual entre el Gobierno y las comunidades, pero el diputado de ERC Joan Tardà dijo que el Ejecutivo cada vez pagará menos y las comunidades más. Algo que el Partido Popular, que aprobó la ley en su momento, ha calculado: "Para 2014, el Gobierno sólo aportará el 9%", dijo el diputado Miguel Barrachina, que fue muy duro con "el falso pilar del Estado de bienestar, un fracaso estrepitoso". Para el PP, "esto ha sido el gran negocio de Zapatero: si sale bien, se apunta un tanto, pero si sale mal envía a sus diputados autonómicos para que acusen a los Gobiernos de las comunidades de no invertir lo suficiente".

Coalición Canaria y el BNG apoyaron la reforma que planteó ERC, en la que se propone, entre otras cosas, una vieja fórmula de los nacionalistas catalanes: que se dé a cada comunidad según su coste de la vida. El PP lo rechazó. El PNV y CiU se abstuvieron. El diputado de CiU Carles Campuzano vino a responder a Tardà algo así como "haberlo pensado cuando apoyasteis la ley". "Creo que en aquellos momentos a ustedes les pesó más la ideología que su sentido de país. No nos sentimos concernidos", zanjó.