La investidura material

Por razones que desconozco, la dirección del partido socialista decidió, tras la celebración de las últimas elecciones, no pactar la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, de tal manera que hubiera sido investido en la primera votación por mayoría absoluta, como había ocurrido en todas las investiduras anteriores sin excepción, sino que prefirió que el presidente fuera investido en segunda votación con los votos exclusivamente de los diputados socialistas.

Nada hay que reprochar a ese modo de proceder desde un punto de vista constitucional, pues la Constitución contempla expresamente esa posibilidad. Pero no se acaba de entender desde una perspectiva política. Una investidura por mayoría relativa formalmente es una investidura, pero materialmente no lo es. Hay más síes que noes y, en consecuencia, formalmente se respeta la regla de la mayoría y el candidato investido tiene la legitimidad democrática para poder actuar como presidente del Gobierno. Pero esa legitimidad que recibe es una legitimidad muy frágil que tiene que ser renovada en cada momento significativamente importante de la vida parlamentaria y, singularmente, en la aprobación cada año de los Presupuestos Generales del Estado.

UPN ha lanzado el mensaje de que no está dispuesta a transitar por la vía de la pasada legislatura

Es lo que toca en este final de septiembre, en que el Gobierno por imperativo constitucional tiene que enviar a las Cortes Generales el proyecto de ley de Presupuestos. Ahora tiene que empezar la tramitación parlamentaria del mismo y aunque la Constitución no exige mayoría absoluta para su aprobación, ya que los Presupuestos Generales del Estado no tienen el carácter de Ley Orgánica, es inimaginable que el Gobierno pueda contar con las abstenciones con que contó en la votación de investidura para conseguir que se apruebe la ley de Presupuestos.

En esa opción por la mayoría simple en la investidura se ha corrido un riesgo que era previsible y que no debería haberse corrido. Me refiero al riesgo de que se produjera una tensión entre el PSOE y el PSC-PSOE como consecuencia de que en este año se tiene que aprobar también el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y hay que encajar en él lo previsto en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ante la ausencia de un pacto con otras fuerzas políticas en la votación de investidura, por el que estarían vinculados tanto el PSOE como el PSC-PSOE, se dejaba abierta la puerta a escaramuzas como las que se han producido este verano sobre la posición de los parlamentarios socialistas elegidos en Cataluña respecto de los Presupuestos Generales, en función de lo que ocurriera con la financiación autonómica. La sangre no ha llegado al río, pero se ha tocado un tema que, como ponía de manifiesto la encuesta publicada en La Vanguardia este lunes pasado, provoca un profundo desencuentro entre los ciudadanos que viven en Cataluña y los que viven en el resto del Estado. Hacer visible este desencuentro en el interior del propio grupo parlamentario es correr un riesgo innecesario, que puede además generar desconfianzas y desafecciones que pueden acabar pasando factura en algún momento posterior. En una legislatura tan complicada como ésta, no se debería haber corrido ese riesgo.

Lo único positivo que ha tenido para el Gobierno la posposición de la investidura a la aprobación de los Presupuestos ha sido la reacción de UPN ante los mismos. Creo que no sólo para el Gobierno, sino para el sistema político español en su conjunto. La manipulación política de la amenaza que se cernía sobre Navarra ante una supuesta ruptura de la unidad de España fue uno de los momentos más negros de la pasada legislatura. Afortunadamente, se pudo recuperar un clima de convivencia tras las elecciones autonómicas, clima de convivencia que está posibilitando que UPN se comporte de una manera muy distinta a como lo está haciendo la dirección del PP. Pues la simple posibilidad de contemplar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, independientemente de que después lo haga o no, ya está lanzando un mensaje a la sociedad española, en general, y a la navarra, en particular, de que no se está dispuesto a transitar la vía que se transitó en la pasada legislatura. Es además un toque de atención a la dirección del PP, para que no cuente con ellos en batallas estériles. No conviene tampoco olvidar que UPN no ha seguido la consigna de la dirección del PP en la propuesta de candidatos para el Tribunal Constitucional, sino que ha designado a un candidato propio, Manuel Pulido Queicedo, que tiene el perfil exigible para ser magistrado del Tribunal Constitucional.