La crisis financiera hace peligrar la mayor adjudicación de Abertis, en Pensilvania

La tormenta financiera, que tiene a EE UU como epicentro, complica el desembarco de la española Abertis en ese país, donde en mayo se adjudicó la Pensilvania Turnpike, en la mayor privatización de una autopista de peaje por valor de 12.801 millones de dólares (8.721 millones de euros). El consorcio ganador (Abertis, Criteria y Citi) se plantea tirar la toalla si la Cámara de Representantes de Pensilvania no da luz verde al proyecto en los próximos cinco días.

El 30 de septiembre caduca la oferta presentada por el consorcio en sus términos actuales, un plazo que ya fue ampliado una vez, el pasado junio. El respaldo financiero de la operación también tiene una fecha límite -finales de año-, y los parlamentarios pensilvanos sólo tienen hasta principios de octubre. Si no, la votación se retrasará hasta enero, por la interrupción del periodo de sesiones y en plenas elecciones a la presidencia. El consorcio ganador teme más un retraso que un no en la Cámara de Representantes, por el contexto actual de crisis y por la polémica desatada en Pensilvania por la privatización. Ayer no estaba claro si el pronunciamiento sobre la Pensilvania Turnpike será abordada por los legisladores en los próximos días.

"No está decidido que nos retiremos. Nuestra voluntad es seguir adelante con la operación, pero todo está abierto", comentaron fuentes de Abertis, tras reconocer que "la financiación no está pactada sine die y el entorno financiero internacional no es el mismo que el de mayo".

Pero existe peligro de retirada. Un portavoz del gobernador de Pensilvania, Ed Rendell (demócrata), señaló en conversación telefónica con este diario que la oferta ayudará a enjugar el déficit de 450 millones de dólares del presupuesto de transporte pensilvano y, si los legisladores la rechazan, "tendrán que buscar otra fuente de ingresos". Para Rendell, esperar puede significar "que la oferta de Abertis ya no esté ahí" y "jugar a la ruleta rusa con el futuro del transporte".

La operación, que sumando los 12.801 millones de la oferta y un fondo de garantía asciende a un total de 14.500 millones de dólares (más de 9.900 millones de euros), debía financiarse así: el consorcio acordó poner el 41,4% del dinero necesario en capital. Y el 58,6% restante pensaban pagarlo mediante deuda bancaria contraída con entidades como JPMorgan, hoy en pleno torbellino; el grupo bancario helvético UBS, golpeado en sus cuentas por las hipotecas tóxicas; Royal Bank of Scotland, Banesto y La Caixa, entre otros.

El retraso en la luz verde a una operación de gran envergadura bloquea al grupo español para llevar a cabo otros proyectos, ya que entre las brumas de la crisis pueden pasarle por delante oportunidades de comprar barato.

Ya no hay plan B

En este delicado contexto, acaba de ocurrir un hecho clave. Los detractores de la privatización, entre los cuales se encuentra la entidad semipública que gestiona la vía, se han llevado un chasco. La propuesta alternativa a la privatización de la Pensilvania Turnpike -que consistía en introducir peajes en otra vía, la carretera Interestatal 80, hasta ahora gratuita, como una manera de lograr ingresos para el Estado- ha recibido el varapalo de la autoridad federal de EE UU responsable de las autopistas, la US Federal Highway Administration. Considera que no se ajusta a los requisitos de la legislación federal en la materia. Ésta no prohíbe la introducción de peajes en sí, pero sí establece que el dinero recaudado con ellos debe destinarse a financiar el mantenimiento de la nueva vía de pago. Los partidarios del plan alternativo querían que la recaudación de los peajes de la Interestatal 80 sirviera, además, para cubrir otras necesidades de las infraestructuras de Pensilvania.

Abertis, que en mayo ganó la partida a gigantes financieros como Goldman Sachs o el fondo australiano Macquarie, choca en esta operación con un sistema en el que primero se decide la adjudicación de la vía y después, si se privatiza. EE UU es la gran asignatura pendiente del grupo controlado por la constructora ACS y La Caixa, que pilota Salvador Alemany.