Evo Morales y la oposición negocian para poner fin al conflicto boliviano
El Gobierno acepta hablar de la reforma constitucional y el impuesto petrolero
El acuerdo suscrito entre el Gobierno y los gobernadores rebeldes del Oriente de Bolivia ha abierto el camino a la pacificación tras semanas de violentos enfrentamientos que llevaron al país al borde de la guerra civil. El presidente, Evo Morales, que el lunes recibió un fuerte espaldarazo de Brasil y el resto de los países suramericanos a cambio de que apostara por la vía del diálogo con sus rivales, comenzó ayer mismo la ronda de negociaciones.
"Quiero verlos [a los gobernadores] esta tarde [por ayer] para iniciar el diálogo. No hablemos de 30 días, sino del tiempo que haga falta y a puerta cerrada", declaró el presidente en una rueda de prensa. Las conversaciones se llevarán a cabo en Cochabamba y, aparte del Gobierno y los gobernadores de Tarija y Santa Cruz (se espera que también acudan los de Beni y Chuquisaca), asistirán como mediadores las iglesias católica, metodista y evangélica, y observadores internaciones de Suramérica y Europa.
El acuerdo de diálogo estuvo a punto de fracasar el martes a raíz de la detención del gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de genocidio por la muerte de 30 personas y la desaparición de un centenar en un enfrentamiento entre seguidores de Morales y rebeldes cerca de Cobija, la capital de Pando. Sin embargo, el resto de gobernadores decidieron seguir adelante con el diálogo no sin antes exigir un juicio justo para Fernández.
Zanjado este punto, el Gobierno puso sobre la mesa los puntos sobre los que está dispuesto a negociar : las autonomías, los ingresos por impuestos petroleros y la devolución a las autoridades estatales de las oficinas ocupadas por los opositores en varias regiones.
Puntos del acuerdo
Sobre las autonomías, el Gobierno garantiza su respeto a la autonomía de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, regiones que han impulsado al margen del Gobierno central y del Congreso un proceso de autogobierno con la aprobación este año de sus respectivos estatutos de autonomía. El Ejecutivo también hace concesiones en cuanto a su nueva Constitución y acepta suspender al menos un mes la aprobación de la ley para convocar el referendo necesario para ratificarla. En cuanto a las rentas petroleras, el Gobierno reconoce el derecho de los departamentos a percibir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Precisamente, el recorte de las rentas petroleras a las regiones para pagar una ayuda directa a los jubilados fue el detonante de la reciente crisis.
Por la parte autonomista, los opositores acceden a levantar las medidas de presión contra el Gobierno. Accedieron a "salir de las oficinas públicas e instalaciones petroleras ocupadas a raíz del conflicto" y a la suspensión de los cortes de carreteras que han mantenido paralizado a medio país.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Bolivia pidieron ayer al Gobierno que exprese por vía diplomática su malestar a Venezuela por las declaraciones del presidente venezolano, Hugo Chávez, sobre una eventual intervención militar en caso de que Morales fuera derrocado.
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