Dos detenidos por emitir facturas falsas para un político de Mallorca
El contable de un político de Mallorca fue detenido ayer por gestionar una factura falsa de 200.000 euros. Con él cayó también el empresario que emitió el recibo. La Fiscalía Anticorrupción estrecha así el cerco alrededor del portavoz de Unió Mallorquina (UM) en el Parlamento balear, el abogado Tomeu Vicens, implicado en tres causas distintas por supuesta corrupción urbanística. El contable de la empresa de Vicens detenido ayer pretendió evadir impuestos.
Metalumba, la empresa de las supuestas comisiones -que se define como una constructora- nunca ha tenido actividad y sólo cuenta con un empleado. A través de Metalumba, que no genera gastos, Vicens quiso rebajar el monto del impuesto de sociedades mediante la emisión de facturas falsas -por 200.000 euros- por obras nunca realizadas. Ayer, el fiscal Pedro Horrach halló una posible prueba de incriminación en el entorno del portavoz de UM Vicens y ordenó la detención del contable de su firma y del empresario promotor, de nacionalidad belga, que emitió los documentos irreales. El empresario quedó en libertad anoche.
Temas urbanísticos
Tomeu Vicens, ex consejero insular del Territorio de Mallorca y ex secretario general de UM, controla con su esposa, Antonia Martorell, la compañía Metalumba, que supuestamente utilizó para facturar aparentes trabajos de asesorías desde su despacho, ligado a temas de gestión urbanística. La acusación sospecha que Metalumba era la caja receptora de los pagos políticos, allí donde se generaba la aparente contabilidad para enmascarar los trabajos posiblemente vinculados al tráfico de influencias en el diseño del urbanismo de Mallorca.
El portavoz Vicens está imputado en la querella de Anticorrupción por el Plan Territorial de Mallorca; en la querella del empresario José Luis Núñez por la venta en subasta del solar de Can Domenge y en un caso de recalificación de un polígono industrial (caso Son Oms). Uno de los posibles sobornos o cobro de comisiones ilegales investigados asciende a unos 700.000 euros y alude al caso del polígono industrial. Las facturas falsas, también.
Tomeu Vicens asegura que sus gestiones fueron meramente profesionales y reconoce que su esposa -sin especialización alguna en temas legales- a través de Metalumba cobró de uno de los promotores por trabajos de asesoría.
