La recogida selectiva de basura será obligatoria en 2010

Habrá cubos amarillos, verdes y azules en todas las aceras de Cataluña además del contenedor marrón para los residuos orgánicos. Así lo dispone la nueva ley aprobada este verano por la Generalitat, que obliga a las localidades de menos de 5.000 habitantes a colocar estos recipientes en las calles. La anterior normativa data de 1993 y sólo era de obligado cumplimiento para los municipios con más población. El Departamento de Medio Ambiente se ha fijado este reto con una ley pionera y que no precisa un calendario concreto aunque el horizonte es que se aplique en 2010 en todo el territorio.

Cataluña selecciona el 33% de los residuos; la Generalitat aspira llegar al 50%

La recogida selectiva representa ya el 33% de la basura anual que genera Cataluña, en total unos 4,5 millones de toneladas de residuos, a razón de 1,64 kilos por habitante y día. El porcentaje en España es menor, al situarse solo en 15%. Cataluña ha duplicado la selección en el último lustro: de 125.500 toneladas recogidas en 2002 a 292.000 en 2007. Medio Ambiente aspira a que la cifra llegue al 50% del total, aunque no se atreve a precisar cuándo.

Desde el 9 de agosto, fecha en que entró en vigor la nueva ley, todo municipio debería estar elaborando el plan para acometer la recogida selectiva en su territorio. Y tienen un año para elevarlo a la Agencia Catalana de Residuos (ACR), organismo de Medio Ambiente que gestiona los desechos en Cataluña.

"No esperamos que todo esté en marcha el 10 de agosto de 2009", aclara Genoveva Català, directora de la ACR. Una cosa es redactar el plan y otra distinta es que se tomen varios años para implantar la medida. La ley no fija plazos. Medio Ambiente no quiere posponerlo más allá de otros 12 meses, lo que choca con la dilación que arrastran este tipo de procesos. La ley de 1993 necesitó, por ejemplo, más de un lustro para que arrancara. Y en algunas poblaciones, como Tarragona, aún está a medio despegar.

Para lograrlo, Medio Ambiente forzará a que los municipios se empapen de nociones medioambientales. No basta la política de premios y castigos. En 2010, la ACR doblará el canon que cobra a los Ayuntamientos por el uso de los vertederos: de 10 a 20 euros por tonelada. La multa es asumible para localidades pequeñas, que pagando algún millar de euros saldrían del apuro sin un solo contenedor de más. La ACR subvencionará el plan con ocho millones de euros al año que sólo minimizarán los costes de una implantación laboriosa. "La clave es que los municipios valoren los beneficios de la selección", insiste Català. Muchas veces son intangibles: sólo el año pasado se ahorró la emisión de 100.000 kilos de CO2 en Barcelona; la extracción de 52.000 toneladas de materia prima y la tala de 1,5 millones de árboles. Fue como salvar un parque natural, dicen los técnicos de la ciudad. Falta ahora convencer a los municipios.