Medidas para evitar suspensiones de pagos

En mayo, la crisis era opinable. Y el vicepresidente Pedro Solbes pensaba que la construcción tenía que purgar los desmanes de los últimos años sin ayudas públicas. "No se debe tratar de impedir artificialmente el necesario ajuste de la construcción. El sector ha acumulado ciertos excesos en años anteriores y éstos deben ser corregidos", dijo entonces en el Parlamento. Solbes sigue pensando que la Administración no saldrá al rescate de ninguna empresa privada, pero el Gobierno no quiere dejar totalmente a la intemperie a un sector en serios apuros. El Ejecutivo presentó ayer una nueva batería de medidas para ayudar a las inmobiliarias, ante un eventual empeoramiento de la situación. Y, de paso, potenciar el alquiler.

El plan persigue evitar problemas en las constructoras y en la banca

El Ejecutivo pretende impulsar el mercado del alquiler

Las grandes empresas han aplaudido el proyecto

Con el nuevo plan, las promotoras que decidan destinar al alquiler los pisos que no logran vender tendrán facilidades para refinanciar su deuda, ante los problemas que está provocando el desplome de las ventas: un reguero de suspensiones de pagos en el sector que, a la postre, puede arrastrar también a la banca en su caída.

La mayor inmobiliaria de España, Martinsa, quebró con una deuda de unos 6.000 millones. Fuentes del Ejecutivo sostienen que el Estado no puede acometer operaciones de salvamento de ese calibre, tal y como numerosas voces del sector reclamaron en su día. "Pero sí entra dentro de los objetivos de política económica orientar a las empresas hacia el alquiler, como en su día se hizo con las viviendas de protección oficial, facilitando a su vez que las inmobiliarias tengan acceso a la liquidez", aseguró una portavoz.

Las novedades pasan por una nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 3.000 millones de euros, ampliables, "para impulsar el alquiler y facilitar el ajuste del sector de la construcción de vivienda residencial", según un comunicado del Ejecutivo. En concreto, se facilitará a los promotores la transformación de sus préstamos para la construcción de viviendas en créditos a más largo plazo. Los empresarios recibirán el 50% del precio de la vivienda del ICO, con lo que se inyecta liquidez en el sistema. Después, se transformará un crédito potencialmente fallido -ante la falta de ventas- en un préstamo a más largo plazo. A cambio, los promotores deben comprometerse a incorporar las viviendas al mercado del alquiler, lo que según cálculos del Gobierno supondrá incorporar 25.000 pisos.

Además, el Gobierno autorizará la creación de sociedades de inversión que obtengan sus ingresos del alquiler de los inmuebles. Estas nuevas empresas -que ya existen con el mismo formato en varios países europeos- cotizarán en Bolsa y contarán con un régimen fiscal favorable. Con el mismo objetivo: impulsar el alquiler, un mercado anémico y que apenas ha crecido a pesar de los sucesivos planes públicos de apoyo.

Las grandes inmobiliarias aplaudieron con inusual alborozo la iniciativa del Gobierno. El secretario general del G-14 -que agrupa a las mayores empresas del sector-, Pedro Pérez, calificó como "estupendas" las medidas anunciadas. "Son novedades positivas y muy eficientes", que contribuirán a "estabilizar la situación del mercado inmobiliario". Los promotores, añadió el dirigente del G-14, cuentan con más de 100.000 viviendas terminadas y no vendidas -varias estimaciones elevan esa cifra por encima de las 600.000- como consecuencia del boom de los últimos años y la reciente caída en tromba de ventas.

El dinero fácil es la semilla de las turbulencias financieras que han pasado como un ciclón por el mundo desarrollado. En España, el dinero fácil de los últimos años está asociado a otro huracán: el reventón de la burbuja inmobiliaria y su efecto devastador sobre el sector financiero, las cifras de desempleo y el conjunto de la economía. El Gobierno justificó las nuevas medidas para ayudar al sector de la construcción e incluso al financiero. Para los promotores, la línea de avales del ICO supone "encontrar financiación a largo plazo para un activo que hoy no se vende, en un momento en el que está obligado a devolver el préstamo, con lo que en ausencia de refinanciación su horizonte es la suspensión de pagos".

La refinanciación relajará también los posibles problemas del sector financiero, en medio de la crisis crediticia que está dificultando el acceso a la liquidez de la banca española. La ampliación de los plazos de los préstamos que permite el proyecto del Gobierno "limita el riesgo de que las entidades financieras se enfrenten a un conjunto de suspensiones de pagos, con el consiguiente impacto negativo sobre sus balances", según un comunicado difundido tras la comparecencia de Zapatero en el Congreso.

Un informe técnico que manejó el Ejecutivo fue incluso más allá para explicar las ventajas de las nuevas medidas y las posibles consecuencias negativas que podrían derivarse en el caso de no ponerlas en marcha. "En ausencia de una refinanciación, el horizonte de un promotor que no vende y está obligado a devolver el préstamo bancario recibido es la suspensión de pagos". Según la misma fuente, para el sector financiero la línea de crédito del ICO soluciona "el impacto negativo que está teniendo en el sistema crediticio, sobre todo en las cajas de ahorros, el creciente nivel de fallidos [créditos que no se devuelven] de los préstamos a promotores". "Dichos fallidos están afectando a la cuenta de resultados de dichas entidades, pudiendo entrar en pérdidas en 2009, con lo que esto puede repercutir en la imagen del sector". Fuentes del Ministerio de Economía se desmarcaron ayer tajantemente de esa valoración.