El Consejo pactado por Zapatero y Rajoy indigna a la mayoría de jueces

"Indignación", "apaño", "fraude de ley", "estupefacción"... Son algunos de los calificativos que se escuchaban ayer en el colectivo de jueces no inscrito a ninguna asociación judicial (son casi la mitad de la carrera) y en la segunda asociación en número de afiliados, la moderada Francisco de Vitoria. Reaccionan así ante el perfil de los vocales propuestos por el PP y el PSOE para renovar, dos años después de lo establecido, el Consejo del Poder Judicial.

Los no asociados, que son alrededor de la mitad de los 4.200 jueces españoles, se han quedado fuera del nuevo Consejo. Ninguno de los cuatro magistrados de este colectivo que se postulaban para el Poder Judicial, entre ellos el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, y que habían logrado los avales que establece la ley, fueron designados. En el Consejo saliente tenían tres representantes.

La Asociación Francisco de Vitoria sólo ha conseguido un vocal de los 20, Manuel Torres Vela, una situación que ayer les hizo protestar en un comunicado en el que calificaban el pacto "de un auténtico fraude de ley que no respeta el principio de proporcionalidad" y en el que denunciaban "la desmedida ambición de los partidos políticos para repartirse las cuotas de poder".

Los jueces no asociados también se quejan del sesgo político de los vocales propuestos, entre los que se encuentran el consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, dos ex diputados, una ex secretaria de Estado, un ex subsecretario, dos magistradas muy significadas en causas contra Gobiernos socialistas...

Consideran los independientes estas designaciones como "un intento de tener prietas las filas" en un órgano que debe emitir dictámenes sobre las importantes reformas legales -aborto, mayores penas para pederastas, suicidio asistido-. Entienden que, por esa razón, los grandes partidos han tirado de sus tradicionales graneros: la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), la tercera en afiliados, en el caso del PSOE, y la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria, en el caso del PP.