Jabalinas y leyes contra bombas

Siempre he sospechado de los santones y de los gurús. Digamos que no creo en la pureza, porque el ser humano es por definición contradictorio y turbio, mestizo y manchado. De manera que cuando alguien alardea de integridad y de bondad, cuando se vanagloria de un corazón muy limpio, suelo barruntarme lo peor: ausencia de autocrítica, fanatismos feroces, fatal intransigencia. De la detención del genocida Karadzic me fascinó, sobre todo, esa segunda vida de santón bondadoso tras la que se ocultó. Puedo imaginar a unos cuantos pacientes embobados ante ese abuelete tan espiritual y encantador; ese viejo seráfico que les recomendaría buscar la armonía cósmica y la limpieza anímica y demás pamemas habituales. Un recetario cándido, tan sólo puesto en solfa por los 20.000 asesinatos que Karadzic arrastra en la conciencia. Si lo pienso bien, no me parece casual que uno de los mayores genocidas de la segunda mitad del siglo XX haya escogido este disfraz de gurú venerable. La pureza es enemiga de lo humano.

Los individuos no somos perfectos, y tampoco lo es la sociedad. Y sólo a partir de la asunción de esta verdad elemental podemos aspirar a ser mejores. La democracia, que, pese a todos sus fallos, sigue siendo el menos malo de los sistemas políticos, es una organización social que se basa en el pesimismo. La democracia desconfía, con razón, de los seres humanos, de la ambición y la ferocidad de los individuos, y por eso crea un marco de derecho, para limitar los abusos y castigarlos. La democracia es el sueño colectivo de ser mejores de lo que somos: acordamos respetar unas leyes que ponen límites a la burricie humana porque queremos superar nuestras miserias y hacer de este mundo un lugar más habitable. El Tribunal Penal Internacional que juzgará a Karadzic forma parte de ese sueño sensato. Para crear un tribunal así hay que tener mucha esperanza en la fuerza de la ley contra el infierno.

Es la misma esperanza que subyace, por ejemplo, en la pervivencia de los Juegos Olímpicos modernos. Sí, claro, desde luego, los Juegos Olímpicos son un negocio, y un circo mediático, y una operación comercial y diplomática del país anfitrión: véase la mentira de modernidad que ha vendido China para disimular su realidad antidemocrática. Y ni siquiera se salva del todo el aspecto deportivo, porque a menudo los Juegos han sido un matadero para los atletas, que se han reventado la salud con el dopaje bajo la feroz presión competitiva. Pero por debajo de toda esta farfolla siempre palpitó un ensueño internacionalista y humanista, un anhelo de convivencia pacífica. Un ideal cívico tan atractivo y poderoso que los Juegos Olímpicos no han hecho sino prosperar año tras año, e incluso en las dos ocasiones en las que la guerra los interrumpió, en 1916 y 1940, volvieron a reanudarse con mayor envergadura y renovado ímpetu. Crecieron, por así decirlo, en la desgracia, justamente como antídoto contra la violencia. Ese empeño en lanzar jabalinas en lugar de bombas resulta emocionante, aunque la realidad se empeñe en llevar la contraria a los ideales, como ha sucedido en estos Juegos Olímpicos con la guerra de Georgia y Rusia.

Sí, hay que reivindicar las jabalinas y las leyes contra los fusiles y la barbarie. Para los que no creemos en el Más Allá hay algo profundamente consolador en la idea de un poder civil universal capaz de castigar a los malvados. El pasado 17 de junio, por ejemplo, 30 oenegés de América y Europa, dirigidas por el Frente Iberoamericano por la Libertad (FIAL) y la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM), pusieron en marcha la campaña internacional "Juzgar a Chávez", para pedir al fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue la presunta participación del Presidente de Venezuela en las FARC, la brutal organización terrorista colombiana. Como recordarán, en los ordenadores incautados el pasado mes de marzo al líder guerrillero Raúl Reyes se encontraron graves indicios que comprometían a Chávez en una supuesta colaboración y financiación del grupo terrorista. Las FARC son un grupo criminal que, aparte de las muchas muertes que ha causado, mantiene secuestradas a 700 personas en condiciones infrahumanas. Si se demuestra que Chávez les ha pagado y protegido, sería tan culpable como ellos. No sé si la Corte Penal Internacional podrá ser muy efectiva, pero al menos existe. Es un alivio.