Suero para los ayuntamientos

La médica que lo atendía le advirtió seriamente: "Chiquillo, mete algo en el cuerpo, que te vas". Francisco Fernando García Díaz llevaba dos semanas a base de agua y tabaco. Terminó en el hospital. Le metieron suero en vena. Se recuperó.

Hoy, su voz suena potente y acelerada al teléfono. Se siente triunfador. Tras una huelga de hambre de dos semanas, el alcalde de Polopos ha copado titulares en media España.

Francisco es el regidor de un pequeño pueblo de la Alpujarra granadina. Poco más de 2.000 habitantes. El diagnóstico financiero de Polopos es un calco del de cualquier otro municipio: los ingresos han caído en picado, pero los gastos han aumentado. Están al borde de la quiebra. El simple pago de las nóminas de los empleados municipales se convierte cada mes en una tragedia. Los 20 trabajadores del ayuntamiento de Polopos no pudieron cobrar su sueldo de julio hasta el 20 de agosto. Y que den gracias. Porque en otros municipios andaluces estudian despidos.

Los ingresos que recibe un ayuntamiento proceden de tres fuentes: el Estado, la comunidad autónoma y los impuestos municipales. Estos últimos se han visto mermados de manera dramática, sobre todo por la paralización del sector de la construcción. El Estado y las Comunidades Autónomas (CC AA) aportan fondos y subvenciones a las arcas municipales. Pero pocos y tarde. Los ayuntamientos se ven forzados a cubrir una serie de servicios que son responsabilidad del Estado o de las CC AA. El alcalde de Polopos enumera algunos: su ayuntamiento paga la luz, el agua, la limpieza de las escuelas y el centro sanitario, la limpieza de ramblas y playas, los servicios de socorristas y de la Cruz Roja y los balizamientos de embarcaciones... Además de la atención a inmigrantes, las guarderías o los centros de mayores.

La situación era insostenible. Pero puede serlo más.

Al día siguiente de que Francisco abandonara su huelga de hambre, este periódico avanzaba otra mala noticia: el próximo año, los ayuntamientos verán mermados los ingresos que reciben del Estado, de acuerdo con el borrador de los Presupuestos Generales (PGE) que prepara el ministro de Hacienda Pedro Solbes. Unos 700 millones de euros menos.

La reacción ha sido unánime: de izquierda a derecha. El numero dos de los socialistas andaluces, Luis Pizarro, decía: "No es una buena noticia". El presidente de los populares, Javier Arenas, la calificaba de "trampa y engaño". Un portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) exclama: "Esto supone la asfixia económica de los municipios".

En auxilio de Solbes acudía el vicepresidente económico de la Junta de Andalucía, José Griñán: se ha hecho una "lectura incorrecta", dice, de la propuesta de Solbes. Porque la cantidad total que recibirán los 8.111 municipios españoles (de ellos 770 andaluces) crece el año próximo un 6,3%, unos 1.000 de euros más. Cierto. Pero crece gracias a la deuda que Hacienda tiene pendiente de 2007.

No es sin embargo este extremo lo más importante. Lo fundamental es que, desde hace años, los ayuntamientos reclaman una solución definitiva para sus problemas. Son la administración más próxima al ciudadano. La que presta los servicios más básicos y directos, aunque a veces no sean de su competencia. Y necesitan una financiación adecuada.

El Gobierno andaluz ha prometido que, esta vez sí, sacará adelante en el Parlamento dos importantes leyes: la de Régimen Local y la de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad. Falta hacen.

Porque todos son, o deben ser, conscientes de que lo que el alcalde de Polopos, y otros muchos regidores como él, necesitan es que inyecten suero en las arcas municipales. Si no queremos que los alcaldes se dediquen a buscar financiación extra por vías mucho menos ortodoxas. En el urbanismo corrupto y salvaje, por ejemplo.