Expertos se oponen a que el Parlamento imponga un mismo tipo de Sociedades

La existencia en el País Vasco de tipos de gravamen del Impuesto de Sociedades diferentes -el 32,6% en Guipúzcoa y el 28% en Vizcaya y Álava- mantiene abierta la controversia política sobre la necesidad o no de corregir dicho desajuste fiscal. ¿Debería actuar el Parlamento vasco, acogiéndose a las facultades que le concede la Ley 3/1989, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, para imponer un tipo idéntico en los tres territorios? Los expertos juristas en materia tributaria son contrarios a emplear esta vía.

Zubiri: "No parece que la diversidad fiscal dé lugar a deslocalizaciones"

Los profesores universitario Isaac Merino e Ignacio Zubiri, ambos de la UPV, y Fernando de la Hucha, de Universidad Pública de Navarra, que ayer participaron en un curso de verano de la UPV sobre armonización fiscal organizado por las Juntas Generales de Guipúzcoa, cuestionaron que el Parlamento intervenga en este asunto. Del mismo modo que censuraron la fórmula empleada por el diputado general de Guipúzcoa, el peneuvista Markel Olano, para aprobar -el último día de 2007 y en contra de su socio de gobierno (EA)-, mediante un decreto-norma un tipo del 28%, la cátedra se decantó por salvaguardar la potestad tributaria de las Juntas Generales.

Merino defendió que la armonización fiscal, tal como se concibe en el Concierto Económico, "no puede concluir en la aprobación de un derecho tributario uniforme para los tres territorios", sino que "debe desembocar en la creación de un marco jurídico común que permita la existencia de soluciones distintas para cada territorio". Sólo admitió el uso de la ley armonizadora en el caso de que las diferencias impositivas produjesen "grandes distorsiones" entre las tres provincias.

De la Hucha adoptó la postura más foralista e hizo una encendida defensa de las facultades exclusivas de los territorios para dictar impuestos: "Si somos tan liberales en la defensa de la diferenciación frente al Estado, ¿por qué no somos tan liberales para admitir la diferenciación entre territorios históricos, cuando constitucionalmente son ellos los titulares del poder tributario? ¿De qué sirve el poder tributario si después hay una espada de Damocles del Parlamento vasco que va a decir si le gusta o no esta norma?", se preguntó para oponerse a la aplicación de la Ley de Armonización. Desde su aprobación en 1989, y a falta de un desarrollo normativo pendiente, no ha sido aplicada en ninguna ocasión. "Si se deroga hoy, no pasa nada", sentenció. De la Hucha sostuvo que "la única justificación" que podría tener la armonización fiscal por el Parlamento sería "para garantizar el equilibrio entre los territorios en sus aportaciones" a la comunidad autónoma vasca.

Zubiri argumentó que "no hay razones para impedir a un territorio aprobar un tipo más alto", y sostuvo que las diferencias fiscales, "incluso de cierta magnitud, no es probable que den lugar a distorsiones significativas y deslocalizaciones".