"Lo que voy a hacer es muy simple: cambiar de casa"
No hacer caso de las quejas de sus vecinos ha costado al Ayuntamiento de Vélez-Málaga 4,5 millones de euros, incluyendo las indemnizaciones a los 18 afectados y las costas de un largo proceso. Es la condena más alta por pasividad de la Administración pública frente al ruido que se ha dictado en España, pero no la primera. Algunos tribunales empiezan a castigar también el jaleo provocado por los botellones.
Los ayuntamientos de Arganda del Rey y Bilbao han sufrido las sanciones del Tribunal Supremo: uno, por permitir que dos casas regionales sin licencia superasen los límites acústicos durante cuatro años; el otro, por las labores de limpieza nocturnas. En casos como éstos, los ayuntamientos, además de indemnizar, deben poner fin al ruido. Pero no suele ocurrir.
"Cada vez que intentaba conciliar el sueño me despertaba un ruido". La frase suena manida. Y lo es. La repite cada persona que vive en una zona de bares y sufre esta pesadilla. Sea en Málaga, en Valencia, en Barcelona, en Madrid... No por casualidad, los expertos hablan de que es "un problema estructural" en España. "Nunca he pensado en ir a los tribunales. Sí, puedo lograr que me paguen, pero el problema va a seguir ahí. No confío en que el Ayuntamiento haga nada". María vive de alquiler en Chueca, en una de las zonas de marcha de Madrid. "Lo que voy a hacer es muy simple: cambiarme de casa".
De las quejas por los bares se ha pasado a las del botellón. Decenas de jóvenes habían elegido la calle de Pedro y Silvia para reunirse a beber. Alegando el derecho al descanso y la intimidad del domicilio, los vecinos de Béjar (Salamanca) han conseguido que un juzgado condene al Ayuntamiento a indemnizarles y a evitar la práctica festiva. Sevilla también ha sido sancionada.
El enfado de los jóvenes
"La gente no sabía que también podía protestar por esto", cuenta el abogado que llevó el proceso de Béjar. Pero la odisea de estos vecinos, a los que los tribunales han dado la razón, no parece haber acabado. Se enfrentan ahora al enfado de los jóvenes que se han quedado sin su lugar de fiesta.
Los expertos recomiendan a los afectados que llamen a la policía para que acuda a realizar una medición. El siguiente paso es presentar una denuncia por escrito al Ayuntamiento. "Lo más importante es que se hagan las mediciones con sonómetros", cuenta el abogado Beltrán Gambier. Que el sonido supere los límites permitidos es la clave para demostrar la vulneración de derechos. Pero la falta de personal para realizar las mediciones puede obligar a los afectados a tener que pagar una medición privada.
