Industria dice que el concurso eólico aún está en fase de "ordenar las propuestas"

La fecha tope marcada es el próximo 17 de diciembre. Ese día tendrá que estar resuelta la adjudicación de 2.325 megavatios de potencia eólica en el mayor concurso público convocado en la legislatura, que propiciará inversiones por 5.000 millones de euros.

La Consellería de Industria, que encabeza el nacionalista Fernando Blanco, trabaja con la "máxima agilidad" y "rigor" en la selección, aunque todavía no ha pasado de la fase "de ordenación y sistematización de la documentación" entregada por las empresas que concurren. La demanda multiplica por diez la potencia eólica a adjudicar, lo que da idea de la complejidad del proceso.

El concurso debe quedar resuelto antes del próximo 17 de diciembre

La consellería retrasa la primera criba, que estaba prevista para agosto

La avalancha de ofertas obliga a externalizar servicios

Aunque inicialmente, cuando en junio se cerró el plazo de presentación de ofertas, estaba prevista una primera criba para agosto con el fin de tener resuelto el concurso a lo largo de septiembre, fuentes de Industria aclaran que el proceso está actualmente en manos de una consultora externa, que no valorará las propuestas sino que las ordenará, para pasar después a evaluación por una comisión formada en su mayoría por técnicos y miembros de la consellería, que decidirán el reparto final.

Son seis meses los que tienen de plazo para resolver el concurso, una vez cerrado el proceso de recepción de plicas el pasado 17 de junio. Así lo establece la orden que regula el decreto eólico, aprobado el 13 de diciembre.

No hay fechas marcadas para que finalice la actual fase de selección y, según aclaran en Industria, ni siquiera está señalado el día en que se reunirá la comisión de evaluación. Tampoco hay plazos fijados en el calendario para proceder a la convocatoria de dicho órgano interno de Industria. Desde el departamento de Fernando Blanco, que ante la avalancha de ofertas de grandes y pequeños grupos tuvo que reforzar algunos servicios y externalizar tareas, no se trabaja con la perspectiva de un adelanto electoral, en línea con lo expuesto esta semana por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, "aunque sí con la máxima celeridad".

Durante el mes de julio, parte de las empresas tuvieron que enmendar cuestiones formales de sus propuestas a instancias de Industria, que les requirió subsanaciones con plazos de hasta 15 días. Una vez corregidas las plicas, la consultora compostelana Ela Ingeniería y Medio Ambiente se embarcó en su ordenación.

La comisión que resolverá el concurso está presidida por el director general de Industria, Enerxía e Minas, Anxo Ramón Calvo, y cuenta, en calidad de vicepresidente, con el director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Además, habrá tres vocales designados por Industria, otros dos representando a dicho organismo público y otro por cada una de las consellerías con competencias en Medio Ambiente, Montes y Urbanismo. Dentro del bipartito, el BNG controla dos de esos tres departamentos.

Aunque en la orden que desarrolla el concurso eólico se fijan seis meses para tomar la decisión, con la fecha marcada del 17 de diciembre como límite, las bases del concurso señalan que se tratará de "la aprobación de anteproyectos seleccionados y, en su caso, de la lista priorizada de anteproyectos suplentes", por lo que deja abierto el cierre definitivo de la resolución de la adjudicación.

Del poder de convocatoria que ha tenido el concurso eólico da cuenta la presentación de 138 grupos, formados por alianzas de varias empresas, además de otras propuestas individuales. En conjunto, solicitan 24.590 megavatios. Con todas esas plicas sobre la mesa, serían un total de 10.700 los aerogeneradores a instalar en Galicia en el horizonte de 2013, que darían para levantar 600 parques, cuando en realidad se quedarán en unos 60 ó 65 con los 2.325 megavatios que salen a concurso.

Industria tendrá que resolver también las propuestas aparejadas y los planes industriales incorporados a las iniciativas, lo que implicará grandes inversiones en sectores ajenos al energético y cuyo alcance va más allá de cuestiones económicas, como es el traslado de Ence desde la ría de Pontevedra a la zona norte de Galicia, con la creación de una nueva papelera.

Esta iniciativa está liderada conjuntamente por Manuel Jove, ex presidente de Fadesa; Jacinto Rey, presidente de Constructora San José, y Epifanio Campo, accionista del Banco Gallego y presidente de un grupo pizarrero. Los tres empresarios se unieron a Ence y se presentaron juntos al concurso.