"Hay que buscar la reinserción de los menores extranjeros violentos"

Muy crítico con el "giro de 180 grados" acometido por el Ejecutivo central en su ámbito, el director de Inmigración del Gobierno vasco, Roberto Marro, pide que el tratamiento de la violencia cometida por menores inmigrantes sea el mismo que en el caso de los nacionales.

Pregunta. ¿Si estuviese en su mano regularizaría a los entre 5.000 y 7.000 indocumentados que residen en Euskadi?

Respuesta. No soy partidario de regularizaciones masivas. Hay mecanismos como el arraigo mucho más acertados, sólo que hasta ahora su desarrollo ha sido restrictivo. Debemos establecer fórmulas para regularizar a aquellas personas que acceden a un contrato de trabajo.

P. ¿Y qué hacer con quienes no cumplen los requisitos?

"Las expulsiones deberían limitarse sólo a los casos de extrema gravedad"

R. No soy partidario de las expulsiones. Tenemos un ordenamiento jurídico con una amplia gama de expulsiones por infracciones mínimas. Por eso se dictan tantas y muy pocas se ejecutan. Deberían aplicarse sólo para casos de extrema gravedad.

P. ¿Qué mensaje les transmitió el ministro Celestino Corbacho en la reunión sectorial que mantuvieron en julio?

R. Nos expresó que habrá un cambio de 180 grados con respecto a la política de [su antecesor, Jesús] Caldera. La apuesta por los temas de integración se ha modificado radicalmente, y tendrá una incidencia negativa en lo social en cuestiones como la restricción al reagrupamiento familiar, por ejemplo. Contratamos inmigrantes para cuidar a nuestros padres y les negamos el derecho de cuidar a los suyos. Si este cambio en la ley termina llevándose a cabo, yo tampoco podría reagrupar a mi madre.

P. El discurso vasco es más benévolo con la inmigración, pero eso resulta fácil con un porcentaje de inmigrantes relativamente bajo en comparación con el resto de España.

R. Parto de una realidad. Los planes del ministro dejan el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, que ha costado bastante elaborar, en papel mojado. Hemos sido coherentes son el segundo Plan Vasco de Inmigración y lo que venimos realizando. Nuestra apuesta es por tener mayores competencias. En Andalucía y Cataluña van a poder gestionar las autorizaciones de trabajo y residencia. Queremos más competencias para dar más agilidad a los procesos.

P. ¿Qué opina de la alarma social surgida por los últimos casos de agresiones sexuales cometidas por menores inmigrantes?

R. Aunque estas conductas antisociales son muy reprobables, no hay que desvincularlas del hecho de que son menores. Hay que buscar su reinserción como se hace con los autóctonos y dejar de hablar de que son extranjeros, porque, ante todo, son adolescentes. Cuando la violencia implica a jóvenes autóctonos no se crean alarmas sociales de tal magnitud. Hay que tener claro que una amplia mayoria de los menores extranjeros apuesta por la integración y estos hechos afectan a todo el colectivo negativamente.

P. ¿Le consta que hay menores extranjeros tutelados por las diputaciones que se quedan en la calle al cumplir los 18 años?

R. Sí, porque estamos subvencionando pisos. Si no, no lo haríamos. Apoyamos programas para los jóvenes cuando acaba la tutela de la Diputación para que la transición a la emancipación se produzca con normalidad. Tenemos un problema que no ha sido resuelto a nivel estatal, pero nuestra voluntad es tener recursos suficientes para evitar que terminen en la calle.

P. Eso es un compromiso.

R. Sí; tenemos convenios con varias asociaciones para estos casos. ¿Va a ser insuficiente? Posiblemente, pero nuestra voluntad política es que no haya nadie en la calle: ni jóvenes extranjeros, ni autóctonos.

P. ¿Por qué se oponen a la directiva europea de retorno?

R. Porque supone adelgazar el Estado de Derecho. El ministro nos dijo que iba a aplicar con firmeza la directiva y la vicepresidenta [De la Vega] aseguró que nunca se va a aplicar. ¿Para qué la han aprobado entonces?