El Gobierno defiende que los partidos son "destinatarios" de la ley de Consulta

El Gobierno vasco defiende que los tres partidos que lo integran (PNV, Eusko Altartasuna y Ezker Batua) y Aralar son "los destinatarios privilegiados" de la ley de Consulta, por lo que respalda su personación en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional tras la impugnación presentada en su contra por el Ejecutivo central y el Partido Popular. El Gobierno central argumentó en su escrito de alegaciones contra la presencia de los partidos vascos que "no persiguen más que el aprovechamiento e instrumentalización del presente proceso constitucional" al pedir una personación "de antemano condenada al fracaso".

Frente a los argumentos del abogado del Estado para sostener que en los recursos de anticonstitucialidad no cabe que se personen particulares o personas jurídicas, como los partidos, el Gobierno vasco defiende la presencia de los integrantes del tripartito y Aralar alegando que se trata de "una ley singular", que agota su vigencia en su mera aplicación, y "de caso único". En estos casos, señala su escrito de alegaciones, el Tribunal Cosntitucional ha considerado "teóricamente posible la comparecencia de otros sujetos distintos de los legitimados". El tripartito entiende que los partidos son "destinatarios privilegiados" de la misma porque ejercen la representación de los ciudadanos y son "destinatarios directos y particulares" de la ley impugnada.

Las alegaciones del Gobierno central contra la personación fue ayer criticada por los cuatro partidos vascos citados. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, consideró en declaraciones de Radio Euskadi la postura de la Abogacía del Estado como "una cortina de humo" en defensa de "los intereses del Gobierno" central y defendió la legitimidad del tripartito y Aralar para estar presentes en este proceso.

El secretario de Comunicación de EA, Mikel Irujo, mostró su rechazo absoluto a las alegación contra la personación de los partidos vascos y lamentó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "siga cada día más los pasos de Aznar, cerrando cualquier puerta al diálogo y al debate".

Desde EB se considera que la petición del Gobierno central supone "una auténtica mordaza" y un atropello democrático. El portavoz de su Presidencia, Mikel Arana, defendió que se "minusvalora" el papel de los partidos en el Estado de Derecho y "limita sus competencias". Finalmente, el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, entiende que los abogados del Estado han confundido "las partes de un juicio y los que presentan alegaciones".