La economía es política

Las medidas que hoy aprobará el Consejo de Ministros, y de las que el Gobierno ofreció ayer un adelanto, aspiran a estimular una salida de la crisis que sea a la vez el inicio de una transformación del modelo de crecimiento. Se intenta así pasar de los gestos a las propuestas concretas y responder a las acusaciones de pasividad lanzadas por el PP en las últimas semanas. Algo puerilmente, la plana mayor del partido de Rajoy se reunió el pasado jueves en un llamado "comité de seguimiento de la crisis" para transmitir la idea de que ellos actuaban mientras el Gobierno holgaba. Se trataba de ganar por la mano al Ejecutivo, que ya había anunciado, hace semanas, un Consejo de Ministros extraordinario a mediados de agosto. El Gobierno respondió a ese gesto con el de anunciar que Zapatero en persona (y no Solbes) presidiría una reunión especial de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos previa a ese Consejo, en el que se aprobarían reformas a añadir a las 54 anunciadas el mes pasado.

Son decisiones con las que el Gobierno trata de recuperar el tiempo perdido a cuenta de su empeño en no reconocer la naturaleza del problema. Esto no sólo ha provocado retrasos sino transmitido mensajes equívocos en relación con las prioridades del momento. Por ejemplo, es contradictorio atribuir la crisis a causas externas (la crisis financiera internacional y el precio del petróleo) y proponer medidas de política económica interior. Sin posibilidad de política monetaria propia, la presupuestaria es el principal instrumento de actuación del Gobierno frente a la coyuntura. Pero los presupuestos están en el aire por la exigencia de los aliados posibles de un acuerdo sobre financiación autonómica que sólo podría cuadrarse con un aumento del gasto público.

Zapatero dijo que lo irrenunciable era mantener el gasto social, y algunas autonomías le han cogido la palabra con el argumento de que ellas gestionan ese gasto. Es un rasgo de las políticas socialdemócratas hacer compatibles las medidas liberalizadoras (destinadas a estimular la actividad empresarial) con la protección de los desempleados. Olvidar este aspecto de la cuestión le costó caro a Aznar en el debate por televisión que le ganó Felipe González en 1993. Sin embargo, la idea de mantener los compromisos de gasto puede estar trasmitiendo un mensaje equivocado sobre la necesidad de un reparto equitativo de los costes de la crisis, base de la concertación social.

En la nota de ayer el Gobierno afirma que es posible mantener el incremento de gasto por prestaciones de desempleo y las inversiones modernizadoras. Pero no sólo se trata del desempleo sino del conjunto de gasto. Es necesario establecer prioridades, y eso es lo que hasta el momento no ha habido. A la espera de conocer en detalle las medidas se echa en falta un discurso político realista que sustituya al triunfalista (octava potencia mundial, legislatura del pleno empleo, etcétera), que se ha mantenido hasta casi ayer.