Una ley pondrá orden en la política industrial catalana

Empresarios y sindicatos llevan tiempo echando en falta un apoyo decidido al desarrollo de la industria catalana, en cuya definición desean participar. Y en tiempos de crisis, mientras que grupos industriales como Pirelli, Sony, Roca y ACC piden un esfuerzo en reducción de costes y ponen sobre la mesa dolorosas reestructuraciones, el Gobierno catalán necesita mostrar que actúa para salir del sopor económico actual y echarle un capote, ni que sea legal, al sector industrial.

La ley blinda las competencias en industria frente a injerencias del Estado

El CTESC critica el gran margen de intervención de la Administración

El Consell Executiu tiene previsto aprobar a la vuelta de las vacaciones una nueva ley de política industrial, la primera que tendrá Cataluña, en cuya exposición de motivos se declara que la industria debe asumir un "rol estratégico" para avanzar hacia un cambio de modelo productivo más competitivo, que haga avanzar a la comunidad catalana hacia la economía del conocimiento y que la consolide como un "referente" tanto en inversión productiva como en creación de empleo de calidad.

El texto declara que la función de la política industrial es dibujar un marco adecuado para la creación de empresas y para el desarrollo de la innovación. La ley incorpora por primera vez al sector industrial todos aquellos servicios no financieros ligados a las empresas industriales y garantiza a los agentes sociales y económicos la participación en la definición de las políticas públicas sobre la actividad industrial. Y apuesta por agrupar todos los organismos e instrumentos de intervención en materia de política industrial en una única agencia para "racionalizar y mejorar la coordinación" entre ellos.

La iniciativa legislativa, que implica varios departamentos, "no regula tanto las obligaciones de las empresas, sino sus derechos ante la Administración o las obligaciones de ésta hacia ellas", según fuentes de Innovación, Universidades y Empresa. El objetivo es que Cataluña "siga siendo un lugar atractivo para la inversión industrial y de creación empleo", y el medio para conseguirlo es la colaboración de todas las entidades e instrumentos públicos implicados en la actividad industrial, para las que se creará un ente de coordinación gestor de las participaciones públicas industriales. En su dictamen sobre el anteproyecto de ley, el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), que preside Josep Maria Rañé, valoraba la iniciativa, pero formulaba igualmente críticas como el gran margen de intervención que se concede a la Administración en materia de política industrial, circunstancia que "puede generar una importante inseguridad jurídica".

El CTESC también pedía una mayor "concreción" a otra de las novedades de la ley: la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Cataluña en la definición de la política industrial, que a juicio del ente consultivo queda en una mera invitación "genérica" a su participación. Un nuevo Consejo de Política Industrial de Cataluña identificará los instrumentos de política industrial "más adecuados para cada sector de actividad y los adaptará a las nuevas situaciones y realidades". Este nuevo ente tendrá carácter consultivo y en él estarán representados empresarios, sindicatos, ayuntamientos y otras organizaciones profesionales relacionadas con la industria.

La necesidad de cubrir legalmente una actividad que ya ha abordado ampliamente el recientemente renovado acuerdo de competitividad es dudosa, y sólo se explica tanto por los gestos políticos y como para blindar Cataluña y las competencias en materia industrial que describe el nuevo Estatuto de cualquier eventual injerencia del Estado.

La futura ley regula, y en ello sí había consenso sobre su necesidad, la nueva agencia para la internacionalización y la innovación de la empresa catalana ACC1Ó, fruto de la fusión del Copca y del Cidem, que debe acompasarse, además, con la de la Agencia Catalana de Inversiones.

Otro de los objetivos es el de simplificar los trámites administrativos que soportan las empresas, en línea con lo que reivindican los empresarios y con el paquete de simplificación que ya puso en marcha hace un año el Gobierno catalán.

Dos de las novedades principales del texto son éstas: por una parte, la creación de un registro o censo actualizado público de empresas industriales; por la otra, la ampliación del concepto mismo de industria a todas aquellas actividades de servicios no financieros ofrecidos a las empresas, de modo que su peso en la economía será muy superior al actual.