Golpe de efecto con las pensiones

A pocas horas de la apertura de las urnas, Evo Morales dio un golpe de efecto político y decretó que las dos sociedades administradoras privadas de los fondos de pensiones (AFP) -una de las cuales pertenece al español BBVA- serán reemplazadas por una gestora estatal. La medida se anunció el sábado, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el poderoso sindicato Central Obrera Boliviana (COB) para cambiar el sistema de jubilaciones, que pone fin a una violenta huelga que se ha saldado con dos muertos y una treintena de heridos.

El decreto aprobado por Morales establece la abrogación de la actual Ley de Pensiones, del sistema de capitalización individual, la eliminación de las actuales administradoras y, en un plazo de 45 días, la aprobación de una nueva ley que incluya aspectos de la propuesta de la COB y el proyecto del Gobierno.

El sistema de pensiones privadas está en manos del BBVA y del Grupo Zurich desde hace 11 años y cuenta con más de un millón de cotizantes y unos fondos de 2.200 millones de dólares (1.500 millones de euros), de los que un 70% está invertido en Bonos del Tesoro a un interés del 5%. Cada año las cajas de las AFP reciben unos 300 millones de dólares en aportaciones. Todo este capital ahora será controlado por el Estado boliviano.

Mientras el Gobierno ha presentado la medida como un nuevo avance en la "recuperación" de los recursos del país (en este caso, los financieros), la oposición criticó duramente que se haya hecho el anuncio a horas de la celebración del referéndum revocatorio. Un numeroso grupo de economistas ha expresado sus dudas sobre la eficacia del proyecto, tanto por la desastrosa experiencia que han tenido las entidades estatales en el pasado como por el hecho de que el universo de afiliados abarca a 3,5 millones de personas, de los que poco más de un millón aportan cuotas mensuales.

Los expertos advierten que con una única sociedad administradora y, además, estatal, los fondos existentes no podrán cubrir la demanda de pensiones. Además, al menos dos tercios de las pensiones se financian gracias a la rentabilidad de los fondos de jubilación privados, una rentabilidad que ahora queda en el aire. Los afiliados a las AFP temen perder sus ahorros, aun cuando el Gobierno ha asegurado que respetará el ahorro individual.