Un Estatuto, dos interpretaciones

El Estatuto catalán, como el resto de normas básicas de las comunidades autónomas, es una ley orgánica aprobada por el Parlamento autónomo y las Cortes Generales. Por tanto, de obligado cumplimiento para el Gobierno, para la Generalitat y para todos los ciudadanos.

Pero también, como cualquier texto legal, está sujeto a interpretación. Y en la financiación autonómica, las lecturas que hacen las dos administraciones son tan divergentes que han hecho imposible llegar a un acuerdo este sábado, como exigía el propio Estatuto.

Porque lo que sólo tiene una interpretación posible es lo que dice la disposición final primera del Estatuto, aunque el lenguaje administrativo se empeñe en enredarlo: "La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat debe concretar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, la aplicación de los preceptos del Título VI". El título sexto es el que hace referencia a los nuevos criterios que deben regir la financiación de la Generalitat.

Hoy es obvio que no se ha concretado su aplicación en el plazo previsto, dado que el Estatuto entró en vigor el 9 de agosto de 2006, hace dos años.

"El incumplimiento por parte del Gobierno del Estado es una mala noticia, no se cumple un plazo legal presentando una propuesta incompleta que no se ajusta a los principios de la misma ley", clamó el viernes el presidente de la Generalitat catalana, José Montilla. "Nuestra propuesta es consistente con el Estatuto, pero también tiene que serlo con la Constitución", defendió la semana pasada el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes. "Un acuerdo es siempre cosa de dos", remachó hace unos días Octavio Granado, responsable federal de Economía del PSOE.

El pulso entre las dos administraciones socialistas está servido. La visión sobre cuestiones centrales del Estatuto como el mecanismo de solidaridad, la bilateralidad, el coste de atender a los inmigrantes o el blindaje de Cataluña como una de las comunidades que más ingresos tributarios genera y recibe es aún muy distinta. Y estas diferencias sustanciales dificultan sobremanera la negociación con todas las comunidades autónomas, un proceso siempre complicado.

¿QUÉ SE DEBE PAGAR CON LA SOLIDARIDAD?

En abril, la Generalitat hizo su primer acercamiento sobre cómo aplicar lo que recogía el Estatuto. El Ejecutivo catalán puso la lupa sobre cómo se redistribuye el dinero para garantizar la prestación de servicios básicos en todas las comunidades. Y desde entonces, su visión sobre la solidaridad del sistema ha acaparado el debate. El Estatuto recoge que el nuevo sistema ajustará los niveles de financiación de las comunidades "con el fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios esenciales sociales del estado del bienestar prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado".

La Generalitat hace una lectura pegada a la letra y aboga por limitar la redistribución de fondos a educación, sanidad y servicios sociales. Según sus cálculos, como máximo un 75% del dinero que se reparte en el sistema (110.000 millones en 2006) estaría condicionado por esta obligación de nivelar recursos.

Pero el Gobierno hace una interpretación más amplia y recuerda que el propio Estatuto explicita que las relaciones financieras entre ambas administraciones se regulan también por la Constitución, que obliga al Estado a "garantizar un nivel mínimo en la prestación de servicios básicos en todo el territorio español". Servicios básicos entre los que Solbes incluye la justicia, por ejemplo.

¿CUÁNDO HABRÁ MÁS DINERO PARA CATALUÑA?

Al acotar la nivelación a un 75% del dinero que se reparte, la Generalitat da por hecho que se alcanzaría otro objetivo del Estatuto: garantizar que Cataluña no pierda posiciones en la captación de recursos por habitante tras aplicar el mecanismo de solidaridad. Ahora, con los ingresos tributarios que reserva el sistema a las comunidades, Cataluña es la tercera comunidad en financiación por habitante, pero tras la redistribución de dinero y la compensación con fondos estatales pasa a ser la décima.

El nuevo modelo, al aumentar la participación de las comunidades en los impuestos (algo en lo que sí hay acuerdo), consolidaría a Cataluña entre las comunidades con más ingresos tributarios. Hasta el punto que, como Madrid y Baleares, no necesitaría de compensación estatal para financiar sus gastos. Solbes cree justa la reivindicación catalana, pero aboga por un proceso gradual para reajustar el orden a medio plazo. La Generalitat entiende que se volvería a infringir el Estatuto, que obliga a que la aplicación de los nuevos criterios de financiación sea "plenamente efectiva en el plazo de cinco años", es decir, en agosto de 2011.

¿PACTAR ENTRE DOS O ENTRE TODOS?

La exigencia de un pacto bilateral es otra de las reclamaciones habituales de la Generalitat catalana. El Gobierno da por hecho que al discutir sobre el sistema de financiación en la comisión mixta ya atiende ese requisito. Y en la práctica, la negociación entre la Administración central y la catalana está condicionando el proceso con el resto de comunidades, como ya ocurrió en anteriores reformas del sistema, tanto con el PSOE como con el PP gobernando en La Moncloa.

Pero, en esto, la propuesta del Gobierno también avanza en el camino equivocado, según el Ejecutivo catalán. Sobre todo, al condicionar al acuerdo de todas las comunidades cualquier cambio en las variables que se utilizan para repartir el dinero.

¿CÓMO HAY QUE CONTAR A LOS INMIGRANTES?

La propuesta del Gobierno consagra la población como la variable básica en el reparto de dinero. Y compensa incluso por la población que no se ha computado en los últimos años (el sistema actual usa el padrón de 1999). Pero no hace ninguna referencia a la inmigración, que el Estatuto cita como "un factor de corrección". La Generalitat sostiene que una de las razones de su insuficiencia financiera es que debe atender a una población inmigrante mucho mayor que en otros territorios. Su argumento es que atender a inmigrantes es más costoso, algo que otras comunidades rebaten.

El Gobierno recuerda que la inmigración también supone más ingresos públicos, y se resiste a considerar una corrección general. Como mucho, acepta que hay sobrecoste en alguna competencia específica, como la educación infantil.

¿DE QUÉ FORMA AFECTA LA CRISIS?

Las cautelas económicas del Gobierno no han sentado nada bien a la Generalitat. El Ministerio de Economía condiciona el cumplimiento de varias de sus propuestas "a las disponibilidades presupuestarias". Con la crisis en todo su apogeo, las cuentas del Gobierno empiezan a deteriorarse y Solbes no está dispuesto a abrir la mano y agrandar así el déficit que se viene encima. El vicepresidente cree injustificada la exigencia económica mínima de la Generalitat (12.700 millones más a repartir entre todas las comunidades). Pero la necesidad del Gobierno de lograr apoyos para sacar adelante los próximos presupuestos debilitan su posición.