Sin justicia para Esmeralda, la menor juzgada por abortar tras ser violada

Leer la historia de Esmeralda parece de otra época, tal vez 50 años atrás, incluso te lleva a otro lugar, uno alejado de cualquier ciudad con Estado de derecho. Pero no, ocurrió en Querétaro y, como lo dice el nombre de esta columna, apenas se han cumplido poco más de 100 días de que llegó a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el año 2023, en el municipio de Huimilpan, en Querétaro, una niña de 14 años fue abusada sexualmente por un familiar suyo, de 17 años. La niña Esmeralda no supo que había resultado embarazada producto de esa agresión, hasta que sufrió un aborto espontáneo, meses después.

Fue atendida en el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro, donde el personal dio aviso a las autoridades, pues la menor les dijo que el embarazo era producto de una violación. Se abrieron dos carpetas de investigación: una por violación, que pronto fue desechada por falta de pruebas, ya que la fiscalía consideró que la fecha del ataque mencionada por Esmeralda no coincidía con el tiempo de gestación del bebé. Con la segunda carpeta, por el aborto, la vida de Esmeralda daba un giro de 180 grados.

El delito de aborto —práctica aún penalizada en Querétaro— en este caso fue reclasificado a homicidio doloso: la fiscalía estatal acusó a Esmeralda de haber matado a su bebé, argumentando que este nació, respiró y después fue estrangulado. Por ello, le impuso prisión preventiva domiciliaria y buscaba imputarla con tres años de cárcel, además de una indemnización de medio millón de pesos para el padre del bebé. Es decir: su agresor.

La asociación civil feminista Adax Digitales tomó el caso: asumió la representación legal de la niña e inició una campaña de difusión de esta arbitrariedad, cometida por el Estado contra una mujer, menor de edad y de escasos recursos. Las redes sociales lo viralizaron y pronto llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó a Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, a revisarlo con las autoridades de Querétaro.

Luego de reunirse con instancias federales, la fiscalía de Querétaro decidió retirar los cargos contra Esmeralda y dejarla libre. En un mensaje conjunto, el fiscal Víctor de Jesús Hernández y la secretaria Citlalli Hernández informaron del desistimiento, pero la funcionaria advirtió que también debían ser investigados los funcionarios que acusaron de homicidio a la menor.

La Fiscalía de Querétaro retiró los cargos contra Esmeralda el 30 de octubre de 2024. Inmediatamente después, fue removida de su cargo la perito que realizó el trabajo que supuestamente probaba que se había producido un estrangulamiento. De acuerdo con un metaperitaje posterior presentado por la defensa de la niña, lo que le ocurrió fue asfixia neonatal, es decir, que lo ahorcó el cordón umbilical y murió dentro del útero, lo que a su vez causó el aborto espontáneo. Es la única funcionaria que ha sido destituida a la fecha por el caso.

Poco después, el Día de Muertos, Esmeralda hizo un pequeño féretro con objetos de bebé, a manera de sepultura simbólica, pues aún no le habían entregado el cuerpo. Esto sigue igual a la fecha: de acuerdo con Mayra Dávila, representante legal de Esmeralda y directora de Adax Digitales, la fiscalía conservó los restos del bebé para su investigación, los sepultó en una fosa común sin notificar a la familia y sigue sin entregarlos bajo el argumento de que Esmeralda “no está en condiciones” de recibirlo.

Por todas las irregularidades en este proceso, en diciembre la Defensoría de Derechos Humanos del estado emitió la una recomendación en la que “se tienen por acreditadas violaciones a los derechos humanos” atribuibles a personal de la Fiscalía General y del Instituto de la Defensoría Penal Pública de Querétaro.

Mayra Dávila reconoce que las autoridades aludidas no intentaron impugnar esa recomendación y han ido cumpliendo con los puntos que se les demandan. De cualquier manera, Adax Digitales impugnó la recomendación en enero pasado, pues consideran que además de las dos mencionadas, debe incluirse -e investigarse- a otras instituciones que violaron los derechos de Esmeralda. La abogada prefirió no especificar cuáles instituciones, pues el otro motivo para impugnar la recomendación es que piden que el caso sea atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y prefiere esperar a ese momento para mencionarlas.

100 días después, Esmeralda ha ido retomando su vida después de ser liberada, tanto de los cargos como del arraigo domiciliario. En diciembre pasado, se mudó junto con su papá y hermana menor a otra comunidad, para hacer una nueva vida lejos del estigma y el recuerdo. Mayra Dávila me cuenta que el padre perdió varios empleos durante el proceso y actualmente se está estabilizando en ese aspecto; igual que Esmeralda, quien regresó a la escuela. Está empezando la preparatoria y, además, se está incorporando a Adax Digitales. Ya tiene 16 años.

Desde noviembre, a partir del desistimiento de los cargos, los tres miembros de la familia reciben terapia psicológica particular otorgada por la Fiscalía y la Defensoría Penal, las instancias señaladas en la recomendación de Derechos Humanos.

Por increíble que suene, la Secretaría de las Mujeres, a cargo de Citlalli Hernández, no volvió a hacer contacto con ellos después del desistimiento. En mi programa de radio, en Grupo Fórmula, tuve la oportunidad de hablar con la Secretaria y declaró que ya estaban trabajando en la reparación del daño, incluida una disculpa pública, nada de esto ha sucedido.

Respecto a su agresor, hace poco más de tres meses huyó de su comunidad, justo en aquel octubre cuando el caso tomó notoriedad y los cargos contra ella fueron retirados. “Ahorita no sabemos dónde esté”, lamenta Mayra Dávila, aunque su lucha no termina ahí: me dijo que Adax pretende solicitar la reapertura de la carpeta por violación una vez que Esmeralda se sienta emocionalmente mejor y retome fuerza para esa batalla.