La gran mentira de Gertz Manero

El Derecho es complejo, por eso en muchas ocasiones es usado políticamente para confundir. El más reciente ejemplo de ello sucedió el pasado martes 11 de febrero en “La mañanera del pueblo” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En 2020, el Gobierno de Estados Unidos detuvo al general Salvador Cienfuegos derivado de una investigación en la que lo acusaban de probables vínculos con el narcotráfico. Como consecuencia de esa acusación, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, abrió una carpeta de investigación en contra del general Cienfuegos y en un tiempo récord de 72 días concluyó “el no ejercicio de la acción penal” por falta de pruebas.

El debate social se ha centrado en si el Gobierno de México acordó o no con el de Estados Unidos que la investigación contra Cienfuegos se llevara a cabo en nuestro país. Sin embargo, pasó casi desapercibido una declaración que dio el fiscal en la Mañanera al ser cuestionado sobre por qué no investigó antes a Cienfuegos: “La Fiscalía de la República solamente actúa por denuncias presentadas”, dijo. Esta declaración la repitió después en diversos medios de comunicación y es completamente falsa.

Imagínense ustedes que ante cualquier homicidio o ante los hechos recientes de violencia detonados por el narco en Sinaloa, la Fiscalía no pudiera actuar si nadie denuncia.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente que la Fiscalía puede actuar de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia. De hecho, el fiscal debió iniciar una investigación contra el general Cienfuegos, incluso siguiendo su lógica de que necesitaba denuncia, porque la hubo.

En julio de 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa (GIEI) presentó públicamente su sexto y último informe de labores titulado Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes. En dicho documento, solicitan al Estado mexicano que el informe sea considerado como base de denuncia y dedican más de 100 hojas a aportar indicios probatorios que vinculan al Ejército mexicano con la desaparición forzada de los normalistas. Así mismo, refieren las causas que les impidieron llevar su investigación a los más altos niveles de responsabilidad entre las que destacan la negativa de aportar información por parte de diversas autoridades, entre ellas, la Secretaría de la Defensa.

Si bien es cierto que la Fiscalía ha acusado a miembros del Ejército, no lo ha hecho con el general Cienfuegos pese a que él era en ese momento secretario de la Defensa Nacional.

En este sentido la Ley General de Desaparición Forzada establece claramente que este delito se persigue de oficio, que deben ser investigados los servidores públicos que oculten información y que los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito.

La participación de miembros del Ejército en la desaparición de los normalistas ha sido reconocida por el Gobierno mexicano, incluyendo a la propia Fiscalía. En este sentido, cobra relevancia la declaración pública del general Cienfuegos, que en 2015 dijo que el “Ejército no tuvo nada que ver”; declaración, ahora, evidentemente falsa.

El fiscal Gertz Manero debió investigar de oficio al general Cienfuegos no solo por posibles vínculos con el narcotráfico, sino por desaparición forzada. De hecho, sigue obligado a investigarlo porque el delito de desaparición forzada no prescribe. Si no lo hace, estaría él mismo incurriendo en otros probables delitos como abuso de autoridad. Y la pregunta obligada es: ¿quién puede investigar al fiscal? La salida que ofrece la Constitución es el juicio político. Sin embargo, la mayoría en el poder difícilmente lo hará si la mentira jurídica contada por Gertz Manero conviene a sus intereses políticos, transformándolos en verdad.