Solbes lo tiene complicado

El Ministerio de Economía y Hacienda ha dejado aparcado hasta después del verano la reforma del sistema de financiación autonómica. Y lo ha hecho poniendo sobre la mesa un documento falto de concreción, que le provoca inquietud a todos los responsables de las cuentas autonómicas. Para Galicia es particularmente preocupante el hecho de que la propuesta parece abrir la puerta a la nivelación parcial; esto es, a la idea de que sólo se garanticen los recursos suficientes para una parte de los servicios en manos de las autonomías. Solución que beneficia a quienes se sitúan con capacidades fiscales por encima de la media y perjudica a quienes, como Galicia, aparecen por debajo. En cuanto a la toma en consideración de factores que determinan el coste de los servicios más allá de la población atendida, la situación es menos grave, en la medida en que el ministerio se compromete a mantener, en caso de que no haya acuerdo unánime en sentido contrario, las actuales ponderaciones para variables como la dispersión poblacional y el envejecimiento.

Sólo con un enorme esfuerzo financiero del Gobierno central podría arreglarse el asunto

Es verdad que existen argumentos para incrementar esas ponderaciones y, en consecuencia, reconocer mayores necesidades a Galicia. No obstante, no hay que perder de vista que la mayoría de las comunidades se hallan en una situación peor: los factores de sobrecoste que defienden (población inmigrante, congestión, nivel de precios) ni siquiera aparecen en la fórmula actual.

El ministerio lo tiene especialmente difícil. A la complejidad de todas las negociaciones multilaterales en esta materia hay que sumarle la restricción que supone el Estatut catalán. El origen se encuentra en aquella promesa electoral de aceptar cualquier nuevo marco estatutario que fuese apoyado con claridad por las fuerzas políticas catalanas. Con el ejemplo del modelo vasco y navarro en mente y el escoro generalizado, a excepción del PP catalán, hacia posiciones centrífugas, se elaboró un texto maximalista, que configuraba un escenario financiero próximo al foral. Es cierto que luego llegó al Congreso y fue podado muy significativamente. Pero también lo es que se mantuvieron elementos que ahora son reivindicados, legítimamente, por el Gobierno catalán. Su argumento es de libro: las leyes que aprueban las Cortes deben ser cumplidas.

Así las cosas, el Gobierno central se encuentra con varias opciones. Primero, generalizar un modelo a partir de los mimbres que aparecen en el Estatut catalán. Segundo, aprobar un modelo para Cataluña y otro para el resto de las Comunidades Autónomas de régimen común. Tercero, escudarse en la falta de acuerdo multilateral para prorrogar el modelo actual.

La primera vía perjudicaría en términos comparativos a todas las comunidades con capacidades fiscales por debajo de la media, y daría alas al PP para crecer en apoyos electorales en ellas. Sólo con un enorme esfuerzo financiero por parte del Gobierno central podría arreglarse el asunto. En una coyuntura económica como la actual, con el déficit estatal resurgiendo, parece difícil encontrar los recursos. Distinto sería si se hubiesen ahorrado los casi 6.000 millones que costará la devolución de los 400 euros. La segunda, generaría agravios comparativos en las otras 14 comunidades de régimen común y, especialmente, en las más ricas. La tercera se podría interpretar como un fracaso de la política territorial del Gobierno central.

Puesto que ninguna de ellas es especialmente atractiva, supongo que en el ministerio deben haber pensado en lo que supondría que el Tribunal Constitucional fallase en breve en contra del modelo financiero que se dibuja en el Estatut. En ese caso desparecerían algunas restricciones y la negociación pasaría a ser más parecida a otras que se han producido en el pasado. Aunque una sentencia contraria también podría generar tensiones políticas importantes.

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