El destino de Hamdan queda en manos de la justicia civil

El destino del yemení Salim Ahmed Hamdan, y por extensión el del resto de prisioneros que serán juzgados en los próximos meses por las comisiones militares de la base militar de Guantánamo, no acaba con el veredicto de culpabilidad. Los abogados ya han anunciado que apelarán la sentencia condenatoria.

Bush legitimó en 2006 las comisiones militares con una ley del Congreso

En junio, el máximo tribunal reconoció a los presos derechos constitucionales

El primer paso será acudir a otro tribunal militar de excepción, la Corte de Revisiones de las Comisiones Militares. Pero si este tribunal no falla a su favor, los tribunales federales entrarán a juzgar la cuestión, que puede acabar finalmente en el Tribunal Supremo. Como vienen exigiendo los abogados de Hamdan desde hace más de dos años, su caso llegará a la justicia ordinaria estadounidense.

Hamdan, a pesar de no ser una persona relevante dentro de la organización Al Qaeda, ha tenido un papel protagonista en las batallas legales que rodean Guantánamo. Aparte de ser el primer detenido que llega a juicio, sus abogados consiguieron, en mayo de 2006, una importante decisión del Tribunal Supremo declarando que las comisiones militares eran ilegales, que el Gobierno estadounidense tenía la obligación de considerar prisioneros de guerra a los encarcelados y que debía cumplir con la Convención de Ginebra. Era el segundo —y no fue el último— de una serie de reveses que el Supremo ha propinado al sistema de justicia excepcional creado en Guantánamo.

El Gobierno de George W. Bush actuó rápido para que su proyecto pudiera seguir adelante. Como el Supremo había dicho que las comisiones no estaban previstas en la ley, el Congreso —entonces con mayoría del Partido Republicano— aprobó meses después una ley detallando en qué consistía el sistema. Decretó que los combatientes enemigos ilegales serían procesados en tribunales especiales como el que ha juzgado a Hamdan y privó a los detenidos de su derecho de hábeas corpus: la capacidad para exigir información sobre los cargos que se imputan y pedir la liberación.

El Tribunal Supremo volvió a pronunciarse sobre Guantánamo en junio y dispuso que los detenidos tienen derechos constitucionales, incluyendo el de hábeas corpus, y que pueden acudir a un tribunal civil para rechazar su condición de combatiente enemigo ilegal. Se abría así la posibilidad de que cualquier detenido pueda cuestionar su situación legal ante órganos con normas claras e iguales para todos a diferencia de lo que sucede en Guantánamo.

Pero esta sentencia no consiguió paralizar el juicio de Hamdan, aunque sus abogados lo intentaron. Argumentaron ante un juez federal que era absurdo celebrar un juicio que podría ser después anulado por un tribunal civil. El juez, James Robertson, que se enfrentaba a una difícil decisión, permitió que el proceso siguiera en marcha explicando que Hamdan podría reivindicar sus derechos pero una vez concluido el juicio de la comisión militar.

Hamdan es el segundo condenado por las comisiones. El primero, el australiano David Hicks, no llegó a juicio. Lo evitó admitiendo que se había entrenado con Al Qaeda en Afganistán y declarándose culpable en mayo de 2007 de proveer apoyo material para la organización terrorista. Fue extraditado a su país, donde cumplió una condena de nueve meses. En diciembre del año pasado fue liberado. Por el mismo cargo, a Salim Hamdan le espera previsiblemente un futuro bastante más negro si los tribunales civiles no deciden lo contrario.