Las prohibiciones estrangulan a los mariscadores de Huelva

La vida del mariscador de Huelva no es nada fácil. Las capturas se prohíben a menudo por la presencia de toxinas en los productos. La Delegación de Pesca volvió ayer a impedir la captura y comercialización de todas las especies de moluscos que se producen en el núcleo de Isla Canela (Ayamonte, Huelva) al haberse detectado altos niveles de D.S.P., una sustancia perjudicial para la salud humana.

El resto de las 12 zonas de producción de la costa onubense se encuentra abierto al marisqueo, excepto el área mencionada, el río Carreras y la desembocadura del Piedras.

"Siempre vamos a la playa como quien juega a la lotería, un día podemos llevarnos 30 euros en coquinas, otros 40, los menos 70. Pero ahora, con el cierre, no sacamos nada", se queja Emilio Jarrón, un coquinero de 44 años que vive en Lepe. Las prohibiciones están colmando la paciencia de un sector -compuesto por unos 300 mariscadores con licencia- muy castigado por los cierres y por la presencia de furtivos.

Hartos, una treintena de ellos, pertenecientes a las asociaciones de Ayamonte, Lepe e Isla Cristina, en Huelva, se concentraron la semana pasada a las puertas de la Delegación de Pesca. Los trabajadores pedían ayudas "lo antes posible", según el presidente de la asociación de Mariscadores de Lepe, Antonio Márquez. "Las familias, tras tantos días sin poder trabajar, están empezando a sufrir problemas económicos", afirmó.

Ayudas para septiembre

La directora general de Pesca, Elvira Álvarez, señaló que la voluntad de la Junta es que los mariscadores puedan empezar a cobrar ayudas a finales de septiembre, como muy tarde. Los coquineros recuerdan que, en años anteriores, cuando han producido cierres semejantes, las ayudas se han retrasado hasta cuatro meses. "Yo tengo dos hijos que mantener y es muy duro, a mi edad, tener que pedir un cable mis suegros para salir adelante", se queja Emilio Jarrón.

Por si fuera poco, la prohibición de mariscar se produce la mayor demanda de restaurantes. Es el caso de El Paraíso, en Punta Umbría. Gonzalo Domínguez, uno de sus responsables, explica que palian la falta de coquinas locales con productos portugueses. "No es exactamente igual, pero es la mejor manera de satisfacer la demanda", afirma.

El mariscador Emilio Jarros desconfía: "Hay algunos establecimientos que están comprando a furtivos y le ponen la etiqueta de Portugal", denuncia. Y es que Emilio, como muchos colegas suyos, no cree que la presencia de la D. S. P. sea tan alarmante como afirman las autoridades de control. "Todos los días se ven a los furtivos y a los turistas escarbando con el pie en la arena y llevándose coquinas. Si estuviesen malas, los servicios de urgencias tendrían que estar llenos, ¿no?", critica.

Tanto las algas D.S.P. como las bacterias E. Coli pueden causar problemas gastrointestinales. En cuanto a la captura de coquinas sin licencia, la normativa recoge sanciones cuya cuantía oscila entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen bivalvos sin autorización. Asimismo, de comprobarse que un restaurante está sirviendo moluscos obtenido por el furtivismo, se enfrenta también a fuertes sanciones.

"Siempre hay quien compra a ilegales, pero quien quiera que lo haga se juega el futuro, porque las inspecciones de Salud son regulares y las sanciones muy importantes. Yo, desde luego, creo que no compensa en absoluto", apunta Domínguez, del restaurante El Paraíso.