Las haciendas alegarán por separado en el contencioso fiscal con Bruselas

Por separado y en secreto están preparando las tres haciendas vascas su respuesta a la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, en el largo contencioso fiscal que les enfrenta con la UE. Los incentivos a la inversión que se concedieron en los años noventa han perseguido en los últimos años a las autoridades vascas casi como una pesadilla, pero el culebrón se halla más cerca que nunca de llegar a su fin. El pasado mes de junio, la Comisión Europea requirió a las tres diputaciones para que recuperasen definitivamente todas esas ayudas fiscales a la inversión. En caso contrario, España podría ser obligada a pagar una multa diaria en una cuantía por determinar. Las tres haciendas vascas quieren evitar el conflicto. Euskadi debe remitir su respuesta a la Comisión antes de finales de este mes y en ella, aunque por separado, las tres haciendas van a asegurar que han cumplido en lo posible los requerimientos europeos.

El Tribunal europeo resolverá en un mes sobre el Impuesto de Sociedades

Álava y Guipúzcoa no han logrado aún recobrar las ayudas a seis empresas

Vizcaya ha hecho todos sus deberes. Tan solo aclarará a la Comisión la fórmula que ha empleado para realizar los cálculos correspondientes a la recuperación de las ayudas, incluidos los intereses. En cada uno de los otros dos territorios sus respectivas haciendas no han logrado recuperar las subvenciones concedidas a tres empresas. Álava tiene ya la causa en vía ejecutiva: las compañías en cuestión se encuentran en dificultades y existen problemas para recobrar las subvenciones. Las autoridades alavesas confían en que sus explicaciones a la Comisión Europea resulten suficientes para zanjar definitivamente la cuestión. La Diputación de Guipúzcoa no ha querido concretar en qué estado se hallan sus tres expedientes.

Las tres haciendas comunicarán los datos al Ejecutivo autónomo para que los traslade a la Comisión. Como han hecho hasta el momento, no intercambiarán los datos para respetar la confidencialidad de sus contribuyentes.

Las ayudas sobre las que Bruselas presentó un requerimiento son el crédito fiscal del 45%, aprobado en 1996, que permitía recuperar dicho porcentaje de las inversiones que superasen los 15 millones de euros, y las minivacaciones fiscales, aprobadas el mismo año, que fijaron deducciones anuales sucesivas a las nuevas empresas del 99%, 75%, 50% y 25% desde su primer ejercicio con beneficios.

El requerimiento de la Comisión busca que se cumpla la sentencia del Tribunal Europeo de diciembre de 2006 que exigió a las autoridades españolas que recuperasen las ayudas fiscales a empresas concedidas en el País Vasco y Navarra. La propia Comisión declaró incompatibles en 2001 con el mercado común seis regímenes fiscales vascos y otro navarro. Bruselas se ha planteado su recuperación para evitar distorsiones de la competencia. España tiene un plazo de dos meses para cumplir el requerimiento. De lo contrario, puede tener que pagar una multa diaria y otra sanción única por incumplimiento. El expediente sería además remitido de nuevo al Tribunal de Justicia de la UE.

El pasado mes de enero se celebraron tres vistas en Luxemburgo sobre el crédito fiscal, las minivaciones y las llamadas vacaciones fiscales, aprobadas en 1993 y que permitían conceder rebajas en el Impuesto de Sociedades a las empresas nuevas durante 10 años. Las tres haciendas quieren que el Tribunal de Primera Instancia de la UE permita a las empresas no devolver las ayudas. Dado que ya se han recuperado, en el caso de ganar, las compañías volverían de nuevo a recibir los incentivos de las haciendas forales. Las sentencias no se esperan hasta comienzos del próximo año.

Todos estos incentivos se pusieron en marcha en los años noventa cuando la economía de Euskadi todavía no se había recuperado de la reconversión industrial de la década anterior. En 1993, la tasa de paro ascendía al 19,9% y tardó seis años en caer al 17,8%. La cifra extraoficial de empresas que se beneficiaron de los incentivos ronda las 300 y el monto de la ayuda, los 1.600 millones de euros. Todas las normas ya están derogadas.