El plan de incineradoras choca con los ecologistas y la oposición social
El Consell prevé tres instalaciones en el nuevo programa de residuos
Las incineradoras de basura no tienen buen cartel en la Comunidad Valenciana. Se han opuesto a ellas ecologistas, partidos de izquierda y las poblaciones candidatas cuando algún proyecto ha empezado a cuajar. Ocurrió en 1994 en Buñol, donde la presión vecinal obligó a retirar una propuesta del grupo Serratosa, y más recientemente, en 2006, fracasó el intento de la Consejería de Territorio con Rafael Blasco al frente de construir una incineradora en la Vall d'Alba.
La iniciativa dividió incluso a los alcaldes castellonenses del PP, dudosos de apoyar a la Generalitat ante el rechazo de sus vecinos.
El plan de residuos ve suficientes los vertederos y plantas previstas y en obras
Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, País Vasco y Madrid tienen incineradoras
El Consell vuelve a poner las incineradoras sobre la mesa en el avance del nuevo Plan Integral de Residuos (PIR), en el que considera "imprescindible dar un paso más hacia la valorización energética de los residuos urbanos". El borrador propone "como mínimo" tres incineradoras, "no necesariamente circunscritas a los tres ámbitos provinciales".
La Comunidad Valenciana no sería la primera en albergar este tipo de planta para eliminar sus desechos: las hay desde hace años en Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, País Vasco y Madrid. Aún así, las reacciones en contra no se han hecho esperar. El Bloc, que forma parte del pacto lanzado en 2005 por el PP para solucionar el caos de los residuos junto a empresarios y la federación de municipios, avisa de que sólo admitirá las incineradoras "cuando las políticas de reducción de residuos y de reciclaje se hayan agotado y sea estrictamente necesario". Los socialistas, que dejaron el pacto precisamente por la polémica en torno a la incineradora de la Vall d'Alba, también quieren ver exprimidas al máximo otras posibilidades antes de poner en marcha una planta. Cualquier decisión "debe ser adoptada desde la más estricta consideración de la realidad, una información transparente, el más escrupuloso respeto a la salud de los ciudadanos y al medio ambiente, así como el necesario consenso social", advierte el portavoz socialista de medio ambiente en las Cortes, Francesc Signes.
Más contundente se mostró Esquerra Unida al conocerse el plan hace diez días. "No son la solución, son totalmente contrarias a la sostenibilidad", afirmó el diputado autonómico Lluís Torró. Desde Castellón, el portavoz de Iniciativa del Poble Valencià, Carles Mulet, recordó el fracaso de anteriores proyectos y aseguró que un nuevo intento "no obtendrá el consenso social". También rechaza esta quema de residuos Ecologistas en Acción, que atribuye la propuesta del Consell al fracaso del actual PIR y al "empeño" en demostrar que no funciona el sistema de plantas y vertederos. Greenpeace reitera que las incineradoras son "grandes focos de contaminación" por sus emisiones de dioxinas.
Unos y otros adivinan detrás de las incineradoras adjudicaciones millonarias a empresas. También sospechan que se quemarán basuras de otras comunidades, y consideran que la incineración es una huida hacia delante del Consell por el fracaso del PIR. El plan se aprobó en 1997 con la idea de acabar con el problema en cinco años, pero a estas alturas aún no se ha puesto en marcha ninguna instalación de los planes zonales en que se divide el territorio y que engloban a varias comarcas cada uno, con sus respectivas plantas y vertederos. La Comunidad Valenciana cuenta sólo con ocho vertederos, tres ya saturados, y con seis plantas de tratamiento -dos más son provisionales-. Son instalaciones abiertas antes de que en 2001 comenzaran a aprobarse los planes zonales para las nuevas infraestructuras en los consorcios de municipios creados para su gestión, denuncia Signes. No obstante, buena parte de las plantas están adjudicadas, en obras o a punto de funcionar.
A pesar del fuerte retraso y de que no son pocas las localidades que exportan la basura más allá de su frontera provincial o incluso a Murcia, el borrador del nuevo PIR presume de que "se han conseguido notables avances que han venido a mejorar sustancialmente la gestión de los residuos". En esa línea, la memoria del plan -a falta del resto de documentación- aboga por la continuidad. En el caso de los residuos industriales admite la necesidad de más instalaciones para los declarados peligrosos -la Comunidad Valenciana no tiene ningún depósito de seguridad- y en casos como los aceites usados y desechos sanitarios. Pero para las basuras urbanas, prevé que la capacidad de las instalaciones que están poniendo en marcha los consorcios "es lo suficientemente holgada para absorber la totalidad de los residuos que se generarán en el horizonte de 2013".
Paradójicamente, el nuevo PIR estima que la población generadora de residuos -incluye turistas- pasará de 5,7 millones de personas este año a 6,5 millones en 2013. Es decir, que las mismas instalaciones pendientes del plan de 1997, año desde el que la población no ha dejado de crecer, podrán asumir, además, la basura de casi un millón más. El borrador de la Consejería de Medio Ambiente defiende que los ratios de generación de desechos por habitante de 1,11 kilos por día, calculados para el periodo de 2002 a 2004, se mantendrán en los próximos años gracias "a la aplicación de políticas de prevención" para minimizar y reciclar la basura urbana. Pero los socialistas cuestionan ese optimismo visto el retraso de la introducción de la recogida selectiva de materia orgánica y el lento avance en la de papel y vidrio. A partir de la población estimada y el discutible ratio de kilos de basura por habitante, el borrador del PIR calcula que de las 2.328.375 toneladas de residuos urbanos de este año se pasará solo a 2.645.228 en 2013.
Si estas son las cifras y la consejería considera suficientes las plantas y vertederos previstos, ¿para qué las incineradoras?, se pregunta Signes, que recuerda que en la política europea el aprovechamiento energético de la basura figura en cuarto lugar tras la prevención; la reutilización; y el reciclado, y sólo antes de la última opción de quemarlos sin obtener energía.
La basura en cifras
- El futuro Plan Integral de Residuos (PIR) calcula que cada habitante de la Comunidad Valenciana genera 1,11 kilos de basura doméstica al día.
- La población "real" generadora de residuos -incluye turistas y personas que sin estar empadronadas trabajan en la autonomía- se estima en 5.768.911 personas. En 2013 serán 6.584.184, según el PIR.
- Los valencianos producirán este año 2.318.375 toneladas de desechos urbanos. En 2013 ya se lanzarán a los cubos de basura 2.645.228 toneladas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
- Ecologismo
- VII Legislatura Comunidad Valenciana
- Consejerías autonómicas
- Incineradoras basura
- Instalaciones residuos
- Tratamiento residuos
- Ecologistas
- Residuos
- Generalitat Valenciana
- Parlamentos autonómicos
- Gobierno autonómico
- Comunidad Valenciana
- Saneamiento
- Organizaciones medioambientales
- Salud pública
- Política autonómica
- Comunidades autónomas
- Parlamento
- Equipamiento urbano
- Política sanitaria
- Administración autonómica
- Ideologías
- Protección ambiental
- Problemas ambientales
- Sanidad