Por decreto de Chávez

Por más que se quiera disfrazar la operación, lo cierto es que el Banco Santander se ha visto obligado a negociar la venta del Banco de Venezuela al Gobierno de Caracas, y que esta imposición procede del presidente Hugo Chávez. De ello da cuenta cumplida que la entidad española estuviera negociando la venta de su filial venezolana al Banco Occidental de Descuento; que las conversaciones estaban tan avanzadas que probablemente estaba casi cerrado un precio y que el comprador confiaba en conseguir la autorización del Gobierno local. Chávez da así un paso más, esta vez en el mercado financiero, en su camino por nacionalizar los negocios estratégicos del país. Sin embargo, la noticia no es buena para nadie, pues contribuirá a alimentar la desconfianza de los inversores extranjeros.

Desde la perspectiva de los intereses españoles, la maniobra de Chávez toca dos aspectos decisivos que deben ser explicados. El primero es cuánto pagará el Gobierno venezolano. Si Chávez pretende desplegar una política de nacionalizaciones y la legalidad venezolana se lo permite, es imperativo conocer cuál será el precio que pagará por esa política. En el caso del Banco de Venezuela se da la circunstancia de que existe un precio de referencia, que es el que estaba dispuesto a pagar el Occidental de Descuento. Cualquier precio inferior deberá interpretarse como otra imposición política. Que el Santander y el Gobierno español prefieran evitar conflictos, no obsta para que la opinión pública y los inversores internacionales atiendan preferentemente a la referencia del precio para calcular el grado de presiones políticas de Caracas a las que se enfrenta o enfrentará cualquier inversor extranjero. El segundo punto es si el Gobierno español conocía las maniobras de Chávez. No es precisamente un gesto de finura que Chávez anuncie sus planes apenas una semana después de su visita a España.

La política del presidente Chávez tiene costes elevados para la economía venezolana. Por supuesto, aumenta la prima de riesgo del país, acrecienta la inseguridad jurídica de las inversiones extranjeras y debilita la posición de las inversiones de Venezuela en el exterior. Está por ver cuál será la reacción de los clientes del Banco de Venezuela, muchos de ellos recelosos de la capacidad de gestión de su Gobierno. Y éste es un asunto extremadamente delicado para cualquier banco.