Siete cajas más de Salamanca, a Cataluña

Ya están en Cataluña, aunque con dos años y medio de retraso. Ayer llegaron a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) las últimas siete cajas que formaban parte de la primera remesa con documentos propiedad de la Generalitat de Cataluña que, en enero de 2006, fueron retornados desde el Archivo de la Guerra Civil, en Salamanca.

En aquel momento, y debido a la tensión extrema que el Ayuntamiento de Salamanca, medios y partidos ejercían sobre el Gobierno fuera de Cataluña, estas siete cajas fueron retenidas por Cultura alegando que había dudas respecto a que algunos de los documentos que contenían fueran efectivamente de la Generalitat.

Una vez comprobado que los expedientes pertenecen a la época en que la Generalitat tenía las competencias en materia de justicia -desde octubre de 1933-, todo el material ha sido depositado definitivamente en el Archivo Nacional de Cataluña, tal como se hizo con las 500 cajas restantes.

Las siete cajas contienen información del Juzgado de Igualada, pero también hay varios expedientes del Juzgado de Vilafranca del Penedès, del Consejo de la Escuela Unificada y del Servicio de Prisiones de la Generalitat.

Con esta entrega se completa el retorno de la primera remesa de documentos confiscados al Gobierno catalán durante la Guerra Civil y que hasta ahora guardaba el Archivo de Salamanca.

Pero todavía falta por restituir otros dos millones de documentos que ocupan alrededor de 1.300 cajas, pertenecientes a particulares y partidos. La Comisión Mixta Estado-Generalitat decidió el pasado miércoles iniciar después del verano la digitalización de estos archivos. Este proceso se llevará a cabo en Madrid, pero lo financiará el Gobierno catalán. A medida que se digitalicen serán trasladados al Archivo Nacional de Cataluña y, posteriormente, serán devueltos a sus propietarios.

Por su parte, Josep Cruanyes, portavoz de la Comisión de la Dignidad, mostró ayer su descontento y afirmó que el retraso de casi 900 días en el retorno de estos papeles es una "nueva humillación para el pueblo catalán" y que se ha incumplido la ley de noviembre de 2005, que marcaba el 2 de marzo de 2006 como fecha límite para devolver las 507 cajas propiedad de la Generalitat.